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Filosofía, derecho, moral y economía

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La sabiduría desengañada del Eclesiastés quid novi sub solem? ¿Que hay de nuevo bajo el sol, induce interpretar los escritos, las obras, la vida del Maestro Domingo Felipe Maza Zavala, como profunda exigencia de libertad individual y colectiva, casi un ansia para la cual afirma que: “El pensamiento es una forma trascendente de la acción”. Sin detenernos sobre las claras especificaciones económicas, que eran vinculadas al sector petrolero y sobre los aspectos de la macroeconomía aplicada por el Ejecutivo Nacional que en el tiempo han determinado un proceso de deterioro constante hacia la crisis estructural que vive el pueblo venezolano, intentaremos interpretar las palabras del maestro consecuentes al principio postulado por Protágoras por el cual “el hombre es la medida de todas las cosas”.

Honeste vivere, alterum no laedere, sui quique tribuere”: Vivir con honestidad, no hacer daño a los demás, y tomar cuanto pertenece por el propio desempeño son los preceptos jurídicos y de ética con los cuales  las Instituciones de derecho romano de Ulpiano estructuran la civilización occidental: en ésta, Maza Zavala se sentía integrado e integrante, y consecuentemente conformaba su comportamiento de servidor público y su vida privada. Pensaba que difundiendo los principios de la macroeconomía anclado a los preceptos de la ética, a través de la educación, desde la escuela primaria a la universidad, al doctorado,  la sociedad venezolana tendría una gerencia que sustanciaría la República en una democracia formal y productiva, fundamentada en la siembra del petróleo para un desarrollo intensivo en conocimiento y en la aplicación de los avances tecnológicos. Al contrario la conducción política de los últimos veinte años transformaba la explotación de los flujos financieros del petróleo en ejercicio del poder de la Revolución Bolivariana que ha llevado el rumbo del país al nivel de la postración y pobreza que afecta más del 90% de la población.

La nostalgia de las certezas perdidas y la impotencia o la indiferencia ante las nuevas asechanzas totalitarias que recorren el presente, evidencian  que la democracia  no está a salvo – situación que ha llevado ahora a preguntar sobre su existencia -, y que  la fatuidad del lenguaje político carece de efectos prácticos. Plantea Ramoneda (2000): “Contra la expropiación de las palabras, conforme con los límites lingüísticos y morales del mejor de los mundos posibles, y contra la liquidación de la memoria, como punto de partida de las irresponsabilidades, la filosofía y la literatura tienen todavía muchas batallas que dar. Sobre todo para recuperar el verdadero sentido de cada palabra. El discurso político sigue repitiendo los viejos tópicos: soberanía, socialismo, igualdad, libertad, ciudadanía, pueblo, voluntad general, nación, derecho, sin preocuparse siquiera de lo que significan. Como si por la magia de lo que significaron en el pasado dieran legitimidad a quienes las utilizan de modo estrictamente retórico. Las palabras con aura utilizadas como máscara”.

La praxis electoral no transparente, técnicamente sometida al sistema electrónico controlado por el Ejecutivo Nacional, ha sometido el pueblo venezolano el 6 de diciembre de 2020 a  la perversidad del continuismo que condena al sufrimiento  los venezolanos. Pero también es cierto el dimensionamiento del movimiento bolivariano, si como afirma el cálculo matemático de expertos, solo 7,6% de los votantes, (menos de 1 millón), ha expresado su derecho, cuando la oposición ha solicitado la abstención. La investigación de los datos llevada a nivel internacional evidencia los aspectos vitales de la crisis política y económica de un país caracterizado por una vida institucional impropia, intrascendente y mediocre, que obliga a seguir pensando al ulterior trastrocamiento que impondrá a la sociedad el sistema dictatorial en la administración de la justicia, de la moral, de la ética, en un contexto de decadencia económica, impidiendo de manera directa la racionalidad necesaria para generar un grado aceptable de supervivencia.

Después de la pasión política, la cuestión asociada a las posibilidades de pensar la política y la democracia se encuentran siempre más lejos del conocimiento cual instrumento aportador de soluciones, de las formas, medios, tal vez finalidades para la realización del nuevo orden y del método para conseguir utilidades colectivas.

La Fundación Maza Zavala tiene la percepción de que la política y la democracia, hoy asumidas como creciente contrapunto de la práctica de la brecha cada vez más hostil a la experiencia del pensamiento a menudo incapaz de configurar el devenir político, han quitado de su esencia la filosofía y la ciencia política que deberían utilizar para poner al descubierto la relación entre saber y poder, y entre poder y subjetividad, y de este modo liberalizar del vínculo ideológico las acciones y los efectos de la soberanía y del sentido del Estado. Como señala Esposito (1996), no se puede pensar la política fuera de los problemas de vida real de la existencia del ciudadano: “…sería como querer sustraerse a la silueta de la propia sombra. Lo que en todo caso se somete a interrogación con un planteamiento hermenéutico, libre de vínculos establecidos u opciones valorativas, es la solución”, el logos del razonamiento de la ciencia aplicada.

Es el reconocimiento del peligro inherente a la pretensión de construir el futuro a partir de la situación  del presente y, con ello, la percepción del presente como aquello que nos da qué pensar sin nostalgia por lo que éramos, sin el delirio por lo que podemos llegar a ser, y sin la tranquila satisfacción con lo que somos en un mundo en que los reordenamientos políticos y las nuevas significaciones del lenguaje político se cargan de todos los usos y gustos ideológicos y programáticos, de las palabras vacías, pero no carentes de efectos para la estabilidad del orden del Estado y las ventajas del capital globalizado, del trabajo calificado, de una justicia distributiva protectora de los desamparados, atados a cánones del discurso político, cuyos valores, en el caso venezolano, se niegan por el afán de la representación dicotómica y el tipo de relaciones de saber-poder que se tejen desde la apriorística propensión del “pensamiento único” de controlar el orden,  definir la orientación de los conflictos de la sociedad, imponer la aceptación del régimen.

La crisis inducida se transforma en exigencia de cambio para producir condiciones de supervivencia en las cuales el ejercicio del poder y el desempeño en las actividades sean conformados por la explicitación de las relaciones entre moral y derecho en la postulación de la afirmación de la dignidad del hombre.

Pero derecho y moral, según Hans Kelsen en La doctrina pura del derecho de 1960, difieren en el modo en el cual prescriben o vetan el comportamiento humano, pues el derecho es un ordenamiento coercitivo que determina la organización social, económica y política; al contrario, la moral es despojada de valor coercitivo y consiste en la aprobación o desapropiación de la acción en medida de su conformidad con la norma. El derecho podría fundarse solo sobre una moral absoluta, un sistema único de valores que definan el bien y el mal. Pero esta moral o ética absoluta no existe. En el V siglo a.C. Heráclito de Éfeso (2009), por el cual “todo fluye, somos y no somos”, en un proceso de continuo nacimiento y destrucción del cual no se escapa, afirmaba que “la guerra es la ley suprema de todas las cosas”, mientras que el liberalismo moderno exalta la competición, la competencia, la conflictividad como parámetro de progreso.

Nace entonces una pregunta: ¿Por qué un ordenamiento jurídico debería ser más conforme a un sistema moral en lugar de otro?  Quienes justifican el derecho recurriendo a la moral demuestran solo que un cierto sistema de derecho positivo es el único posible en una determinada situación y cada tentativo de modificación es ilegítimo.  Se utiliza la presunta legitimación del derecho para finalides políticas, no tiene fundamento científico, pero tiene precisa relación con el ejercicio del poder.

Se invoca el derecho natural para fundar leyes y justificar la autoridad absoluta del Estado o, al contrario, para la lucha e insurrección contra el Estado. Sobre esa dicotomía Platones y Aristóteles distinguieron los seres libres de los esclavos; el Estoicismo, el Cristianismo, el Iluminismo plantearon la igualdad de todos los hombres. Para antiguos sofistas y algunos modernos es ley natural que el más fuerte prevalezca sobre el más débil y que todos los hombres deban comportarse como hermanos y que la solidaridad los une. Por consiguiente se ha deducido el absolutismo político de Hobbes y el liberalismo de Locke. ¿Pero, a qué puede servir una “ley única y eterna” que permita justificar las leyes positivas más contrastantes y no de escoger entre ellas con racionalidad?

En el neo empirismo jurídico, el danés Alf Ross (1965) afirma: “El derecho natural busca el absoluto, el eterno, lo que debe elevar el derecho a algo más que una creación del hombre y que exonera el legislador de las penosas responsabilidades de las decisiones…Pero la experiencia muestra que las doctrinas construidas por los hombres sobre este fundamento, lejos de ser eternas e inmutables, son mutadas para adaptarse a los tiempos, lugares y personas”.  La noble semblanza del derecho natural ha sido usada para defender o combatir cada posible tipo de pedido que nace de una específica situación de vida o que viene determinada por intereses políticos y económicos de clase, por la tradición cultural, por perjuicios y aspiraciones personales.

Son actitudes que producen la disociación total entre los conceptos de “derecho” y de “justicia”, que pierden significación si referidos a una norma general o a un ordenamiento jurídico, y no a un comportamiento. La ideología de la justicia conduce solo al fanatismo y al conflicto para pretender dar valor absoluto a intereses que se oponen y cierra el camino a la discusión directa para encontrar una solución racional de los conflictos. Declarar injusta una norma o un ordenamiento jurídico es la expresión de una “reacción emotiva”, así que tarea de la “Política del derecho”, es decir de la transformación del derecho, se refiere no solo a problemas jurídicos, sino también a la economía, a la finanza pública y/o privada, al comercio, a la educación, a las relaciones con los Estados del exterior, a la defensa, entre otros.

Estos problemas deben ser tratados o elaborados con las técnicas específicas del campo al cual pertenecen y en base a la técnica encontrar las soluciones. En los límites de lo  posible por aquellas soluciones, la consideración jurídica interviene solo para prever las acciones humanas mediante sanciones jurídicas. En este sentido la política del derecho asume el valor de “sociología jurídica aplicada” o “técnica jurídica”, que en el devenir de su aplicación se asume como racionalización de las normas jurídicas que consiente a los ciudadanos mirar con mayor confianza su porvenir.

A los políticos, a los gerentes, en el desempeño de sus responsabilidades civiles y morales  proponemos un principio: “Actúa en modo que tu acción tienda a acrecer el bienestar o la felicidad común”. Aparenta ser un imperativo categórico de carácter kantiano, en realidad es la respuesta dada al problema moral del utilitarismo, doctrina de la cual se encuentra trazo en los Sofistas y en Platón, y por supuesto en los Iluministas, pero que desde los economistas y filósofos ingleses del ‘800 se ha quedado como alternativa fundamental de la ética filosófica del mundo moderno.

En la teoría del utilitarismo contemporáneo, una acción es buena o mala según que aumente o disminuya el bienestar público. La acción moral debe ser el resultado de un cálculo: es necesario evaluar el resultado actual y las consecuencias futuras, nunca sacrificar el mayor al menor. El bienestar privado coincide con el público: la acción aparentemente desinteresada del individuo que sacrifica su interés, su placer, al bienestar común, responde al propio auténtico y real beneficio y, en circunstancias, deriva de un cálculo inteligente que aporta comunes ventajas.

Jeremy Bentham (1855), quien otorgó la primera organización sistemática al utilitarismo, consideraba que solo por esta vía la moral puede devenir una ciencia exacta  que se substrae a la sabiduría decorativa, a las palabras sacramentales, a las distinciones de la casuística y a los dogmas de la intolerancia. Según su visión, la ética hace más fácil el cumplimento del deber y es una eficiente ayuda al bienestar de cada día del hombre.

En la Morale Cattolica de 1855 Alessandro Manzoni se oponía al utilitarismo: “…lo que es moralmente justo no se puede confundir con lo que es útil al individuo y a la sociedad”. La acción moral auténtica es inspirada no por el interés, sino por una norma que obliga la consciencia. El mismo concepto de obligación no nascería si la moral fuese fundada sobre la utilidad: seguir el interés no es una obligación, es solo una tendencia. Pero lo que es justo es también útil, en el sentido que quienes actúan justamente pueden aguardar una compensación y quienes actúan injustamente esperar un castigo: no obstante, este enlace entre justicia y utilidad no indica identidad de los dos términos, más bien su distinción.

El criterio de utilidad no hace más fácil la escogencia de la acción. Es casi imposible determinar el grado de utilidad en base a la experiencia, que solo puede permitir prever el curso probable del futuro, sin otorgar certeza. En el viejo utilitarismo la acción es buena o mala si contribuye al bienestar común, en el nuevo si es conforme o no con una regla, pero ésta también debe perseguir el interés general. En la posmodernidad, la obediencia a las leyes no es conforme al criterio de utilidad; no obstante, la investigación moral en  las reflexiones filosóficas recurre a aquel criterio para la evaluación; deriva  la crítica de las normas morales, de las leyes jurídicas y de las instituciones sociales.

Sobre estos planteamientos existen opiniones disconformes. David Lyons (1965) llega a conclusiones negativas. El utilitarismo nuevo, como el viejo, no resuelven todos los problemas de la moral: sobre todo no da cuenta de los derechos, de los deberes, de las obligaciones en su carácter absoluto e incondicionado, pues no admiten las limitaciones cuya cláusula de utilidad lo incluiría.  Muchas las posibles referencias: por ejemplo, las promesas electorales no mantenidas, la eliminación de situaciones de conflictividad, la transformación de los módulos a los cuales se conforma la vida social, como Platón implícitamente menciona en “La República[ept1] ”.

Se puede discutir al infinito sobre el fundamento trascendente o inmanente de las reglas morales, de cómo se han manifestado en el curso de la historia, su absolutismo o relativismo, la función fundamental que absorben o deberían absorber en la vida asociada, de hacerla posible y no destruirla: todos los sistemas de ética persiguen esta finalidad. El criterio de la funcionalidad es presente, cuanto menos implícitamente en las críticas que a menudo se dirigen a instituciones, ordenamientos jurídicos, costumbres, actitudes, máxime de quienes ejercitan el poder y no cumplen con sus obligaciones y deberes. La consideración funcionalista de la moral, independientemente del sistema del cual es expresión, por su naturaleza y más allá de conflictos ideológicos, es la sola capaz de preparar condiciones para una efectiva coexistencia pacífica de la sociedad.

A la afirmación de Seneca: “Cosa vil y desagradable es el hombre si no se levanta por encima de la humanidad”, en sus Ensayos Montaigne (1580) responde que ninguna corriente filosófica, ni pos naturalista, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo ofrece, de vez en vez, la posibilidad de un vínculo definitivo, pues lo que es determinante no es el sistema o las específicas ideas de las cuales es portador, sino la experiencia de vida que ha sugerido.  En las palabras de Winston Churchill dirigidas a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS): “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, la prédica de la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria”. En la Venezuela bolivariana, el “socialismo de la cara humana” se ha vuelto en máscara de hambre, de sufrimiento, de arrugas para las necesidades insatisfechas; el espíritu del hombre ha diluido su dignidad en la incertidumbre: se ha traicionado el derecho natural.

En la existencia humana no hay nada de estable, de definitivo.  La misma razón que busca la realidad de los hechos, de los acontecimientos, se encuentra deludida por qué no llega a encontrar nada, pues todo o está para ser y no es todavía,  o empieza a morir antes de nacer. La investigación, el ansia de saber es la “vis”, la fuerza vital que empuja el proceso evolutivo que nunca termina: lo han demostrado San Agustín que había encontrado la “certeza indudable” de la existencia de Dios, Descarte del “sujeto pensante”, Montaigne de los sentidos naturales aportadores de la sabiduría humana, es decir el encuentro con el propio equilibrio, no de las ilusiones que caen con la adversidad, sino de la serena conciencia de los límites a los cuales adecuar las propias aspiraciones.

De estos valores que pertenecen a la historia de la humanidad la Revolución Bolivariana hizo caso omiso: manifestando un materialismo muy rigoroso,  estuvo y está ocupada en apropiarse de la riqueza de los venezolanos. En sustitución de El Capital y de la Economía Política de Marx, parece que la nomenclatura del partido de gobierno haya asimilado y hecho propio el “Sueño de D’ Alembert” de Diderot (1769) para el cual: “El mundo es un compuesto sujeto a revoluciones que indican todas una tendencia continua a la destrucción; una sucesión rápida de los seres que sobrevienen, se empujan y desaparecen; una simetría que pasa; un orden momentáneo” que en Venezuela  ha sido constituido  por individuos de origen e ideología distinta,   que presentan diversidades irreducibles en las proposiciones, pero que logran encontrarse, hasta unificarse en una fenomenología  de fuerzas, eventos, formas en transformación continua: todos pretenden asumir una configuración revolucionaria, pero que se reduce solo a una coacervación para la detención y conservación del poder.

La libertad es incomoda e imprevisible y la sociedad democrática se presenta incierta en sus medios y finalidades: todo en ella está en discusión y a menudo encuentra contraposiciones y diversificaciones. La diversidad crea inconformismo, pero los anti demócratas y los acomodados prefieren a la lucha un gobierno autoritario, que sin racionalidad y justicia, regule la libertad y haga silenciar la oposición. De modo que, como la experiencia histórica demuestra, resurgen en la consciencia de los hombres las instancias de los valores perdidos, mientras que se consolidan las dictaduras larvadas o manifiestas y la vocación autoritaria de los gobiernos. En las palabras de Homero Parra Bravo (2020): “La crisis actual nos obliga a seguir pensando en que sigue presente el trastocamiento  de los modos existentes para manejar la vida de los ciudadanos promoviendo a tal efecto sistemas de gobierno fundamentado en la justicia, la moral, la ética y las buenas costumbres, que independientemente de su orientación filosóficas puedan satisfacer los requerimientos vitales de la sociedad, permitiendo de manera directa  la racionalidad que genera un grado aceptable de felicidad colectiva. Mientras que no encontramos este camino, muy buena podrán ser nuestras intenciones, pero muy malo los resultados de cualquier acción de gobierno independientemente de sus contenidos programáticos”.

Cuando Diderot encontró un símil pensamiento en el “De l’ homme, de ses facultés et de son educación” (1772) de Claude-Adrién Helvétius (quien lo atribuía a Federico II° de Prusia), así respondió en los “Escritos Políticos” de 1774: “El gobierno arbitrario de un príncipe justo e iluminado es siempre malo. Sus virtudes son las más peligrosas y segura seducción: habitúan insensiblemente un pueblo a amar, respetar y servir cualquier sucesor de aquel príncipe, también si malo y estúpido. Él quita al pueblo el derecho de deliberar, de expresar su voluntad o no manifestarla, a oponerse a sus decisiones también cuando ordena el bien: pero este derecho de una oposición también insensata es sacro, porque sin ello los gobernados son semejantes a una manada de la cual se desprecian los reclamos con el pretexto de conducirla en campos más fértiles”.

Bajo metáfora, ya en aquel entonces se describían las condiciones de la frustración vivida en la historia de la Venezuela del siglo XXI, donde las evidentes distorsiones internas corresponden a un conjunto desordenado de culturas, visiones y políticas diversas, cada una de la cual tiene reglas propias y formas diferentes de la gestión del poder. Cuando nos damos cuenta que los hombres son diversos y tienen opiniones cambiantes, que cada pueblo queda ligado a la propia tradición y desconoce o no acepta la de otro,  es solo un paso preliminar que el conocimiento y la racionalidad facilitan para la búsqueda positiva de una conciliación, de un compromiso, de un diálogo entre hombres y entre pueblos, fundado en valores y modalidades aceptables para todos. Por supuesto, los intereses divergentes deberán ser dimensionados bajo criterios de proporcionalidad en el respeto de la diversidad. La filosofía, el derecho y la ética ayudan el desempeño de la necesaria racionalidad.

Pero se necesita estar preparados a este tipo de convergencia. Para ella el conocimiento implica el pluralismo de la técnica que aplica el viejo,  siempre vigente ideal de una justicia trascendente que se convierte en “racionalismo de las normas jurídicas”, tarea falible pero profundamente humana y comprometedora para construir el porvenir. Recordando una expresión de Merleau-Ponty (1945) relacionada con la significación de la vida a través de la actividad inspirada al fenómeno de la percepción: “No hay que preguntarse si percibimos el mundo, por el contrario, hay que decir que el mundo es lo que percibimos”. La filosofía es un despertar. Ya Kant habló de categorías intelectuales que presiden la construcción del mundo cognoscitivo y Adam Smith ha resaltado las categorías de las significaciones que permiten al hombre de  organizar la estructura de sus experiencias sin las cuales se quedaría sin finalidades y en el caos.

El concepto de posibilidad inherente a cualquier previsión económica, política, social debe ser orientado hacia el desempeño para el porvenir: el pasado es importante y define el punto de partida, de referencia pragmática; sus causas sirven para evitar la repetición de errores, ya qué no pueden ser consideradas como experiencia que presumiblemente  habría  enriquecido, sino que en la praxis ha retrasado el proceso evolutivo de la sociedad, anulado el nivel de la racionalidad con la cual se había configurado el desarrollo conquistado con sacrificio, también si en los límites de una concepción rentista vinculada a los ingresos petroleros.

Por ello una nueva responsabilidad de la  escogencia debe plasmar las decisiones políticas, económicas y sociales: pues la visión filosófica, el derecho y la ética se configuran como la plataforma sobre la cual construir el proyecto de país, los valores y principios que deben ser asimilados en el sistema productivo adaptado a las nuevas posibilidades de la tecnología y del conocimiento para que sea generada una hipótesis de recuperación, la escogencia de las prioridades, la selección de los recursos tecnológicos, financieros y humanos, una salida racional de la crisis a través de las oportunidades que a escala global ofrece la economía digital y sus perspectivas de competitividad,  usufructuando las riquezas naturales existentes en el país.  Es decir que se requiere un cambio de mentalidad, del enfoque de la macroeconomía, del sistema productivo, de la transformación de la sociedad rentista en una productiva, definitivamente una nueva dimensión de la racionalidad con la cual el ciudadano asume conciencia de ser protagonista,  sujeto activo del propio desarrollo civil y moral en un Estado libre, independiente y soberano, regido por los valores del derecho y la equidad de la justicia, avocados por la responsabilidad  de una gerencia con vocación de servidor público.

Es el enfoque sustantivo de la metodología analítica indicada por el maestro Maza Zavala, con la cual puso al descubierto vicios y virtudes de su tiempo, articulando  los valores básicos del pensamiento político, que en el contexto globalizado concebimos como afirmación de libertad y de principios éticos, económicos y sociales: no liberticida, sí de conquista de igualdad, de liberalismo social, de justicia distributiva, en el intento de propiciar las sinergias de la administración del Estado, su capacidad productiva y suministro de bienes y servicios de calidad aunados a los de los sectores privados, todos comprometidos en el proceso de recuperación y desarrollo del país[ept2]  para ofrecer igualdad de oportunidades: es una idea que ha sido rechazada por las ideologías más radicales de la derecha histórica y que, al contrario, ha manifestado  en la aplicación equivocada del socialismo la ineficiencia y la presunción vinculadas al intervencionismo del  Estado.

La Fundación D.F. Maza Zavala, pregonando el sistema democrático como expresión de confrontación del pluralismo de las ideologías, pero negando que ello pueda  sustanciarse a través del uso de la violencia, según el paradigma de Carl Schmitt  (1996), indica que la confluencia de los actores políticos, económicos y sociales, y de las instituciones constitucionales del país,  es  condición indispensable para enfrentar la hiperinflación, primera prioridad para llevar adelante cualquier programa de recuperación y desarrollo del país. Se debe reconocer como impracticable y técnicamente erróneo el endeudamiento fiscal para gastos corrientes, y como inconveniente y prejudicial de la credibilidad y de la soberanía  la práctica político-administrativa permisiva de la corrupción enmascarada en falsos programas de redistribución de la riqueza que frustran el desarrollo económico, máxime cuando el BCV continua la emisión de pasivos monetarios a través de la monetización de la divisa vendida por las empresas exportadoras pública y privadas: el financiamiento del exterior debe ser vinculado solo a inversiones productivas de capital, bienes y servicios.  Pues, tomando en cuenta que las perspectivas más alta del nivel inflacionario inducen los agentes económicos a reducir el margen para que el gobierno pueda lograr efectos sorpresa, se debe imponer la racionalidad de un comportamiento que persiga un equilibrio progresivo entre la inflación observada y la inflación esperada: afirma Miguel Ignacio Purroy (2013) que “el costo marginal de una mayor inflación se iguala al beneficio de reducir el desempleo”.

De modo que la continua alza de los precios produce la contracción de la demanda en el mismo tiempo en que la exclusión laboral encuentra en la dolarización de la economía un sustituto de un bolívar concretamente desaparecido: así se ha reducido ulteriormente el potencial financiero nacional. Se alimentan condiciones de inestabilidad por lo cual se hace necesario profundizar formas y modalidades de la relación entre el Estado y la Sociedad y que en lo económico se refieran a la estrategia, es decir a las decisiones y acciones macroeconómicas de la política monetaria, fiscal y del desarrollo que en conjunto configuran el “public choice”, y en lo político a la evolución del “social choice”: de la interrelación consiguiente derivará el ritmo de recuperación del país, la soberanía y la credibilidad de la gerencia.

En síntesis, el ideal de justicia distributiva exige corregir las desigualdades inmerecidas e individuar  la dimensión legítima para combatirlas: los desequilibrios de la sociedad pasan por ceguera tanto del igualitarismo económico, aspiración utópica irrealizada e irrealizable en la historia de  cualquier sociedad, cuanto del igualitarismo jurídico y formal, reflejo de las estructuras socio políticas y de los intereses prevalecientes. Es un límite ínsito en la naturaleza humana, pero que no impide un proceso de constante evolución hacia el perseguimiento del mayor equilibrio socio económico de la sociedad.

La convergencia de los sectores económicos, políticos y sociales no es simplemente una concepción técnica, sino también una visión ética que debe valorar las personas, el ciudadano, como punto de partida y de llegada del sentido del Estado: es un proceso que  no se debe limitar al anclaje del puro ejercicio del poder, pero vincular siempre más a las exigencias prácticas que exigen la solución de los problemas. Es imperativo frenar la caída del PIB, que induce la depreciación constante del bolívar y el aumento del valor del dólar, en un contexto de desestabilización política y de aumento progresivo de la pobreza.

En cumplimento de sus funciones institucionales, tarea de la Fundación Maza Zavala es estudiar y preparar nuevos esquemas que permitan diferenciar el caos existente en la diversificación de las visiones democráticas sin rumbo presentes en el país, que en la actualidad quedan fundamentadas en denominaciones obsoletas y altamente superadas, para asumir el valor técnico y la responsabilidad civil y moral de alejar las definiciones pendulares de izquierda o de derecha para perseguir condicionamientos sociales de superación individual y colectiva en el rumbo del nuevo desarrollo volcado a la recuperación económica,  social y moral del país.

Es un resultado que se puede conseguir  si el “Ser allí” del hombre afirma su  responsabilidad en el sentido que otorga Heidegger en el “Ser y el tiempo” (1991): así se anula la servidumbre voluntaria, y a priori, se dimensiona el síndrome de Estocolmo por el cual el desequilibrio del poder entre gobierno y oposición genera un lazo traumático en la dinámica de dependencia de la relación asimétrica definida por la identificación de la “victima” (oposición) con el agresor y la justificación de sus actos, hasta llegar al punto de ponerse a su lado. Es una experiencia psicológica paradójica de admisión de debilidad, tal vez determinada por razones inverosímiles, que es  incapaz de concebir la vida sin presiones dentro del escenario en el cual las perspectivas del cambio no coinciden con la capacidad de realizarlo por la propia concepción de manifiestas ambiciones de poder.

Las teorías éticas y políticas, en el sentido etimológico que les otorga  la filosofía, el amor del conocimiento, deberían ser de ayuda para la toma de decisiones colectivas y no reducirse a maquillaje  de la especulación que impone el interés de las partes.  Como lo expuso Hegel en  La ciencia de la lógica” (1964): “La verdad de la necesidad es la Libertad y la verdad  de la sustancia es la Noción”.  Estas verdades, en reciproca interdependencia, conversan entre sí mismas y producen la interpretación de la praxis [ept3] por la cual las relaciones económicas estructuran el holismo que caracteriza cada sociedad en su desarrollo, de modo que la acción de los ciudadanos y la gerencia de los políticos, en conjunción en el “Proyecto de País”, pueden perseguir esta finalidad solo si soportados por los valores sustanciados en la ética y en el derecho.

 

 

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