Ante la necesidad de explicar a las personas con sentido común, sin importar su conocimiento jurídico, político, económico o histórico de la realidad venezolana, la importancia trascendental de la Ley Antibloqueo, es necesario escribir este artículo de opinión usando el lenguaje más directo y simple posible, tal como se utiliza desde hace muchos años en la famosa colección de libros, de la editorial John Wiley & Sons, que en español, distribuye la famosa Editorial Planeta, donde se explica lo más básico y necesario sobre diversos temas (para Dummies), para no caer en discusiones de sabios y expertos.
En este sentido, debemos arrancar del siguiente modo:
1.Justificación de la ley
El mismo Nicolás Maduro señala que escribió el mismo la ley para resolver todos los problemas económicos de Venezuela que no había podido resolver desde hace muchos años por culpa del “bloqueo y las sanciones”, asegurando que por fin tiene los mecanismos para levantar a la economía nacional, lo cual genera la siguiente observación:
- Si las sanciones comenzaron con la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela (S. 2142) (en inglés, Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014), no se entiende porque el gobierno esperó tantos años (5-6) para producir un instrumento legislativo integral para dar respuesta a dicha situación, considerando que tenían mayoría legislativa en la Asamblea nacional en el año 2015 y especialmente no se entiende porque la Asamblea Nacional Constituyente, que también critica las sanciones no aprobó un instrumento legislativo de este tipo en 2017, 2018, 2019 y tenía que venir Maduro en octubre de 2020 a presentarlo, lo que genera suspicacias sobre la importancia que le daban al bloqueo y las sanciones o el grado de desconexión política existente entre esta institución y la realidad económica nacional.
2. Alcance de la ley
Tiene un alcance sin precedente que jamás tuvo ningún presidente con Ley Habilitante alguna, debido a que le permite al gobierno nacional anular cualquier ley que considere conveniente a sus fines, después de elaborar un informe técnico por la Vicepresidencia de la República que dé los argumentos políticos, sociales, económicos o estratégicos que exigen tomar dicha medida.
Sin entendemos que el gobierno nacional parte del supuesto de una guerra asimétrica de 5ta generación contra Estados Unidos y los 60 gobiernos que reconocen a Juan Guaidó, es fácil concluir que todo el ordenamiento jurídico puede ser cambiado para fines de seguridad y defensa de la nación, tal como lo interpreta el mismo Maduro.
3. Naturaleza de la ley
Está diseñada de acuerdo con una situación de Estado de Guerra, donde se requiere el menor o nulo debate político y la total discrecionalidad para tomar decisiones al máximo dirigente político-militar del país. Esta característica es esencial para entender porque se crean mecanismos de confidencialidad de la información económica, administrativa y estadística en general que pueda ser utilizada por el denominado “enemigo” para sus acciones ofensivas.
En otras palabras, la Ley Antibloqueo es la forma de declararle la guerra, en el campo financiero y tecnológico al gobierno de Estados Unidos, sin caer en una Declaración de guerra convencional, que difícilmente sería aprobada por la asamblea nacional constituyente o cualquier otro organismo legislativo, aún bajo control del gobierno de Nicolás Maduro, dado el carácter “suicida” de buscar una confrontación militar abierta. En este sentido, recuerda a la legislación de la antigua República romana que nombraba un dictador en tiempos de crisis, especialmente en caso de invasiones bárbaras dentro de la península italiana.
4. Efectos a corto y mediano plazo
Esta ley convierte a Nicolás Maduro en el Poder Ejecutivo y Legislativo del país, con amplias facultades para intervenir en todas las áreas de la vida nacional, al punto de que convierte a la elecciones parlamentarias del 6D, en un sinsentido político, debido a que la Ley Antibloqueo impide la función contralora del Parlamento, especialmente, si el gobierno nacional considera que hay “agentes CIA” entre los diputados electos de la oposición, más la elaboración de leyes también dejan de tener sentido práctico, en un “Estado de Guerra” donde solo el Ejecutivo maneja la información y tiene todas las facultades para crear y suspender legislación.
5. Potenciales operaciones que permite la ley antibloqueo
Siguiendo los supuestos anunciados en la ley y en el discurso de presentación por Nicolás Maduro, se podrían generar las siguientes situaciones:
- Eliminación de centenares de empresas publicas improductivas que no generan impuestos ni producen ganancias de ningún tipo, siendo importante señalar que podrían incluir en esta lista a empresas estadales, municipales y de producción social, con lo cual su número llegaría a varios miles de empresas que serían cerradas, resolviendo legalmente cualquier futura investigación por corrupción al desaparecer archivos junto a las empresas en cuestión.
- Creación de empresas nuevas bajo la figura de “asociaciones estratégicas” con los gobiernos que acompañen la gestión como Irán, Turquía, Cuba, México y Argentina, mientras que China, Rusia, España e Italia, serían mucho más prudentes ante el impacto de mayores y contundentes sanciones estadounidenses a estas empresas.
- Repartición de miles de unidades productivas o instalaciones físicas (haciendas, edificios, fabricas, galpones, terrenos) actualmente en abandono, entre el sector privado empresarial que apoya el gobierno, lo que genera grandes opiniones en los medios de comunicación sobre el papel de Fedecámaras, Fedeindustria, Conindustria, entre otros, y la esperada respuesta estadounidense de declarar a estos empresarios violadores de Derechos Humanos, cómplices de terrorismo, narcotráfico y legitimación de capitales, con la consecuente persecución internacional. No faltarán las “malas lenguas” que dirán que van a repartir los bienes del Estado entre dirigentes políticos, bajo la figura de “testaferros”.
- Creación de un nuevo marco reglamentario que supere el monopolio constitucional del signo monetario bolívar y permita la libre y total circulación de divisas extranjeras para operaciones cotidianas. En este sentido, es esperable que sigan con la obsesión del petro como criptodivisa para enfrentar al dólar estadounidense…
- Creación de un impuesto de guerra económica o contribuciones extraordinarias, tales como bonos guerra económica, que serían cobrados en dólares y euros a todos los empresarios de este país.
- Creación definitiva del Estado Comunal para eliminar la “colonización cultural colonial” de la organización político-territorial en parroquias y municipios, estableciendo la denominada “geometría del poder” que permite unir el llamado poder popular con las organizaciones defensivas establecidas en la milicia nacional bolivariana, sean las unidades de autodefensa popular o los batallones combatientes.
- Reestructuración de la nómina nacional de empleados públicos, para reducir gastos en recursos humanos, liquidando centenares de miles de empleados públicos, aprovechando la hiperinflación que devaluó las prestaciones sociales.
- Creación de facilidades legales y físicas de nuevas actividades económicas, como fuente de nuevos ingresos, especialmente en el área del juego (gambling).
- Centralización de todas las instituciones tributarias municipales y estadales bajo la órbita del Seniat para aumentar y asegurar la recaudación fiscal.
- Creación de un presupuesto de guerra, separado del Tesoro Nacional que absorba los recursos extraordinarios que se esperan generar y los maneje con el debido secretismo que exige una situación de guerra.
- Firma de convenios económicos y financieros secretos con países y empresas extranjeras, con todos los costes extraordinarios que implica el peligro de muerte empresarial, si el departamento del Tesoro estadounidense ubica a dichas empresas.
En fin, el gobierno de Nicolás Maduro se está “jugando a Rosalinda” en esta apuesta política y económica final. . .
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