¿Cómo la tardía denuncia de Edmundo del golpe de Estado dejó a Venezuela en manos de un régimen militar y al mundo negociando con un dictador?
Edmundo González, electo presidente de Venezuela en julio de 2024, perdió su oportunidad de liderar al no denunciar desde el inicio el golpe de facto que Nicolás Maduro ejecutó el 28 de julio. Lo que comenzó como un fraude electoral se convirtió en un golpe continuo: el régimen manipuló las elecciones, obtuvo el respaldo militar el 30 de julio y consolidó su poder con represión, torturas y la juramentación ilegal de Maduro el 10 de enero de 2025. González, al centrarse en el fraude y no en la ruptura constitucional, permitió que Maduro se mantuviera como interlocutor válido ante el mundo. Solo hizo una denuncia de golpe de Estado el 10 de enero, obviando toda la cadena de hechos previos al considerarlos parte de un fraude. Ahora, su indiferencia ante tamaña calamidad política —no denunciar el golpe de Estado el 28 de julio— le está haciendo pagar un alto precio: su irrelevancia política y el fortalecimiento de una dictadura híbrida. ¿Y ahora qué?
Edmundo González no es simplemente un presidente electo que denuncia fraude electoral. En realidad, es un presidente constitucional que fue derrocado de manera preventiva y de facto. Su proclamación fue bloqueada mediante una maniobra de «fraude electoral», utilizada como litigio legal para impedir que asumiera el cargo y evitar así un golpe de Estado técnico en el ejercicio de su mandato. A esta estrategia se le denomina «golpe de Estado preventivo de facto», cuyo resultado es el de un presidente derrocado antes de ejercer el poder.
La clave de este golpe es que los golpistas no dejan rastro directo de la acción, anclando la pelea en un litigio por fraude electoral. Este encuadre le conviene al régimen de Maduro, ya que desvía la discusión del golpe de Estado y la traslada a un terreno legal en el que puede maniobrar con la narrativa de que Venezuela tiene una democracia en funcionamiento.
Se le califica como «preventivo» porque, aunque conserva las características de un golpe de Estado, se recurre a mecanismos legales para disfrazarlo y evitar la apariencia de un golpe clásico. En el caso de Nicolás Maduro, este golpe comenzó con el fraude electoral del 28 de julio de 2024, cuando fue proclamado presidente de manera arbitraria por la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezado por Elvis Amoroso. Hasta ese momento, el proceso podía describirse como un fraude electoral, pero lo que ocurrió después le dio la verdadera forma de golpe de Estado.
El 30 de julio, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, violó el artículo 328 de la Constitución al respaldar abiertamente a Maduro, expresando lealtad a su gobierno en lugar de a la Constitución. En ese discurso, acusó a la oposición de ser una facción subversiva, tildándola de «derecha extremista apoyada por Estados Unidos». Luego, Maduro construyó una narrativa de autodefensa, afirmando que su régimen había frustrado un supuesto golpe de Estado orquestado a través de redes sociales y WhatsApp, cuando en realidad era él quien lo estaba ejecutando.
Es a partir de la declaración de Padrino López el 30 de julio que este golpe de Estado adquiere todas las características técnicas de un golpe clásico: violencia política mediante represión, violación de garantías constitucionales, desconocimiento de la autoridad de la Constitución, instauración de un estado de terror y la complicidad de los poderes públicos, que actuaron en conjunto para consolidar la dictadura.
Tras este pronunciamiento militar del 30 de julio, otros poderes del Estado se alinearon para reforzar el golpe: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó el fraude certificando las actas, el poder moral lo legitimó y, además, emitió órdenes de arresto contra opositores. Finalmente, el 10 de enero de 2025, la Asamblea Nacional juramentó ilegalmente a Maduro.
El saldo de la violencia política originada el 28 de julio fue de más de 30 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad de Maduro, incluyendo militares, policías y paramilitares (colectivos). Algunas de estas víctimas murieron bajo custodia del Estado. Además, se registraron más de 2,000 arrestos arbitrarios, muchos de ellos de menores de edad y mujeres. Hay denuncias de torturas e incluso casos de madres de adolescentes que sufrieron violencia sexual. También existe un número indeterminado de desaparecidos. Todo esto está documentado con videos y testimonios, y es el resultado directo de las elecciones del 28 de julio, que derivaron en un golpe de Estado con un saldo violento de proporciones devastadoras.
Lo que vivimos en Venezuela no es un proceso democrático ni un gobierno electo, sino una dictadura de facto en la que Maduro ha consolidado el poder a través de un golpe de Estado continuo.
Lo de Maduro se ajusta perfectamente al concepto de dictadura híbrida, un término desarrollado por estudiosos como Andreas Schedler para describir sistemas autoritarios que simulan ser democráticos mediante elecciones regulares, pero que en realidad están controlados de facto por un pequeño grupo en el poder. En el caso de Maduro, esta «máscara democrática» es evidente en su habilidad para mantener una fachada de legitimidad internacional mientras ejerce un control absoluto sobre el país. Por ejemplo, las elecciones del 28 de julio de 2024 no fueron un ejercicio libre ni justo, sino una herramienta para perpetuar su dominio: el CNE manipuló los resultados, y el respaldo militar del 30 de julio consolidó su poder mediante la fuerza, no el voto. Sin embargo, Maduro sigue presentándose como un líder electo, usando instituciones subordinadas como el TSJ y la Asamblea Nacional para legitimar sus acciones.
Esta dictadura híbrida combina represión brutal —30 muertos, más de 2,000 arrestados y torturas documentadas— con una narrativa de democracia que permite a Maduro negociar con actores internacionales. Países como Estados Unidos y Chile han considerado tratos con él, desde acuerdos petroleros hasta la gestión de deportados, aceptándolo como interlocutor válido bajo la excusa de una «democracia cuestionada» en lugar de un régimen dictatorial puro. Esta ambigüedad le otorga a Maduro una ventaja: evita el aislamiento total que enfrentaría un dictador clásico mientras sigue coartando libertades políticas, encarcelando opositores y silenciando toda competencia real. Así, su régimen no solo sobrevive, sino que prospera bajo esta fachada, manipulando elecciones y reprimiendo disidencia sin renunciar a la apariencia de un sistema pluralista.
Lo que realmente se logró el 28 de julio, fue agitar el modelo de dictadura híbrida encubierta que tenía Nicolás Maduro y hacerlo pasar a una dictadura militar, que es lo que tenemos en la actualidad. Maduro está plenamente sostenido por los militares, ya que básicamente son ellos quienes lo mantienen en el poder. No tiene una base electoral que justifique siquiera un mínimo de respaldo popular; perdió las elecciones en una relación de 7 a 3. Por lo tanto, lo de Maduro es una dictadura militar abierta, despojada de la máscara democrática que antes lo protegía. El 28 de julio marcó este punto de no retorno: cuando el fraude electoral fue respaldado por la fuerza militar el 30 de julio, los militares asumieron el rol de sostén exclusivo del régimen, abandonando cualquier pretensión de legitimidad democrática. Esto convirtió a Venezuela en un estado donde el poder ya no reside en instituciones civiles, sino en las armas de un ejército leal a Maduro.
Diferencias entre fraude electoral y golpe de Estado
El interés del régimen de Maduro es neutralizar la narrativa del golpe de Estado, ya que este enfoque constitucional le genera problemas a nivel internacional. Si la comunidad internacional aceptara que lo ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado, Maduro quedaría inhabilitado para cualquier negociación legítima y enfrentaría un mayor aislamiento y sanciones.
Por el contrario, si el problema se clasifica solo como fraude electoral, se convierte en un conflicto legal interno. Esto permite al régimen argumentar que Venezuela sigue siendo una democracia con problemas que deben resolverse mediante sus instituciones, diluyendo el peso de la denuncia internacional.
En términos de tratamiento internacional
Si se reconoce como fraude electoral:
- Se mantiene la ficción de que Venezuela tiene una democracia en funcionamiento.
- Los gobiernos que evitan sancionar a Maduro pueden alegar que hay un litigio electoral en curso.
- Se justifica la participación de opositores en futuras elecciones fraudulentas, perpetuando la dictadura con apariencia democrática.
Si se reconoce como golpe de Estado:
- Maduro es un dictador de facto y cualquier negociación con él se vuelve ilegítima.
- Se abre la puerta a mecanismos más contundentes de presión internacional.
- Se desmorona la justificación de participar en elecciones bajo su régimen.
- Se abre un abanico de oportunidades para presentar querellas judiciales de reparación a las víctimas como resultado de la represión producto del golpe de Estado.
El error de Edmundo González y su impacto en la comunidad internacional
El error de Edmundo González ha sido no centrar el problema en el golpe de Estado desde el principio, permitiendo que Maduro mantenga comunicación directa e indirecta con países democráticos. Es el caso de Chile, que se está replanteando reabrir las relaciones diplomáticas con Venezuela, y también la administración de Trump, que ha enviado negociadores para abordar temas como la migración con Maduro. En este último caso, Maduro facilitará recibir deportados desde Estados Unidos, un acto que debería ser evaluado rigurosamente por las autoridades estadounidenses, ya que estos ciudadanos son enviados a una dictadura. Aunque González finalmente terminó denunciando el golpe de Estado, lo hizo tardíamente el 10 de enero de 2025, cuando debió haberlo hecho desde el mismo 28 de julio de 2024. Este retraso constituye su error más grave, porque dejó sin contexto el marco jurídico y político necesario para trazar y aceptar la verdadera forma política que adquiere Maduro: un golpe de Estado que derivó en una dictadura.
Es en este punto, el 10 de enero, cuando Edmundo González hace su denuncia de golpe de Estado, pero deja todos los eventos anteriores a esa fecha bajo el marco de la denuncia de fraude electoral. Precisamente, son estos eventos los que realmente describen el golpe de Estado. Sin embargo, para él, el golpe de Estado se produce cuando juramentan a Nicolás Maduro, lo que considera un acto administrativo tan ilegal como el que cometió el Tribunal Supremo de Justicia al certificar las actas del Consejo Nacional Electoral. Así, todos estos eventos ilegales fueron cometidos por los funcionarios de cada uno de estos poderes públicos, constituyendo una cadena de acciones que se conoce como golpe de Estado continuado. No se puede denunciar el golpe de Estado solo en el momento final de esta cadena de eventos; debe hacerse en el momento inicial. Por lo tanto, desde el 28 de julio se da el golpe de Estado. Este error marcó la forma en que la comunidad internacional entendió la cadena de sucesos ocurridos en ese período de tiempo, permitiendo que la percepción de Maduro como un líder en un conflicto electoral —y no como un dictador tras un golpe— se mantuviera durante meses cruciales. Dentro de Venezuela, esta tardanza también tuvo un costo devastador: al no denunciar el golpe desde el inicio, la oposición no pudo organizar una resistencia efectiva contra la represión militar que siguió al 28 de julio, permitiendo que el régimen consolidara su dominio sin oposición significativa.
Observen ustedes la gravedad de no denunciar el golpe de Estado de forma correcta y oportuna: esto permite que países establezcan vínculos con el gobierno de facto sin el peso de tener un cuestionamiento legal sobre la forma de gobierno en Venezuela. Específicamente, en el caso de los deportados del TPS, más allá del peligro para los deportados en general, son los opositores incluidos en esas listas quienes realmente quedan en riesgo, pues en Venezuela cualquier opositor que amenace al régimen puede ser arrestado o asesinado. Sin embargo, al mantenerse la narrativa del fraude electoral durante tantos meses en lugar de señalar el golpe de Estado desde el inicio, se construyó una meta-imagen de Maduro que lo posicionó como una democracia cuestionada por fraude electoral, más que como un sistema político dictatorial. El fraude electoral es un delito menor, mientras que el golpe de Estado es un delito mayor, y González, al fijar la narrativa internacional en el primero hasta tan tarde, minimizó la gravedad de lo ocurrido.
Si González hubiera denunciado el golpe desde el 28 de julio, habría establecido un marco claro que encasillara a Maduro como un dictador de facto desde el primer día, cortando de raíz las justificaciones para tratar con él como líder legítimo. En cambio, su tardanza permitió que el régimen consolidara su poder bajo la fachada de un conflicto electoral, dejando a las víctimas de la represión —los 30 muertos, los más de 2,000 arrestados, los torturados y desaparecidos— sin el contexto jurídico que merecían como consecuencia de un golpe de Estado, y no de un simple fraude. Esta omisión no solo ha debilitado su posición, sino que ha permitido que Maduro siga siendo reconocido como interlocutor válido en negociaciones como la compra de petróleo. Mientras la comunidad internacional pueda justificar estas relaciones bajo la premisa de que Venezuela tiene problemas internos pero sigue siendo una democracia cuestionada, el régimen continuará obteniendo beneficios. Un ejemplo claro es la tibia respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA), que, ante la falta de una denuncia contundente de golpe en julio de 2024, se limitó a cuestionar el fraude electoral sin abordar la naturaleza dictatorial del régimen, facilitando así que países como Estados Unidos negociaran acuerdos migratorios con Maduro sin enfrentar mayores críticas legales.
Y lo más grave aún es que Edmundo ha dejado sin contexto a las víctimas de la represión postelectoral al reducir esta violencia a un conflicto derivado de un fraude electoral durante meses, en lugar de presentarla como consecuencia de un golpe de Estado desde el principio. Esto es crítico para los esfuerzos del derecho internacional público, especialmente para aplicar convenciones internacionales y formular denuncias ante organismos globales, ya que los escritos presentados no mencionaron un golpe de Estado hasta el 10 de enero de 2025, sino que se limitaron a un fraude electoral entre el 28 de julio de 2024 y el 9 de enero de 2025. Esta omisión es extremadamente seria y ha debilitado la capacidad de la oposición para presionar internacionalmente al régimen en el momento más crucial.
Lo más lamentable es que Edmundo persiste en reclamar a la comunidad internacional su reconocimiento como presidente electo, cuando es un hecho consumado que en Venezuela existe un gobierno de facto y él es un presidente derrocado preventivamente. Le cuesta entender que ese reconocimiento no cambia la realidad de una dictadura sostenida por los militares. Además, al no contextualizar el golpe de Estado desde el inicio, la prensa internacional lo sigue considerando un líder opositor. Él se molesta por ser llamado «líder opositor» en lugar de «presidente electo», pero no comprende que, en un contexto de gobierno de facto, no hay presidente electo, sino un presidente derrocado o un líder de la oposición. Creer que con un gobernante de facto se puede mantener un litigio electoral contradice su propia narrativa de exilio por temor a su vida. Todo lo que ha hecho Edmundo, desde mi perspectiva, ha sido mal manejado, con consecuencias perjudiciales para los venezolanos, porque no se ha apegado a la verdad de los hechos desde el principio. En cambio, ha torcido la realidad, creando una falsa narrativa de fraude electoral durante meses para sostener intereses ajenos al bienestar de la República, hasta que su denuncia tardía del golpe no pudo revertir el daño.
Edmundo y María Corina Machado han insistido en esta narrativa del fraude electoral, ignorando que la clave estaba en denunciar la destrucción del orden constitucional. Esta omisión reiterada me hace sospechar que algo más podría estar ocurriendo tras bambalinas. Me surgen cuatro hipótesis:
La primera es que pudo haber una estrategia internacional de ciertos partidos políticos para atacar a sus adversarios, usando a Maduro como herramienta al asociarlo ideológicamente. Centrarse en el fraude electoral mantenía visible la ventaja numérica de Edmundo sobre Maduro, exponiendo la impopularidad de este último, lo que permitía usarlo como arma política en otros contextos.
La segunda posibilidad es que los asesores de Edmundo, muchos de los cuales ya conocemos y que formaron parte del gobierno interino, hayan influido en esta estrategia fallida. Estos asesores, que en el pasado han demostrado torpeza y falta de conocimiento estratégico —principalmente por capitular ante Maduro y perder estratégicamente en sus tácticas frente a las de él—, pudieron haber recomendado estas ideas a Edmundo, haciéndolo caer de esta forma y dejándolo derrotado ante Maduro en la percepción internacional.
La tercera es que Edmundo tal vez no cree en la restauración constitucional y, por ende, no se ve como afectado por su ruptura. Desde el principio, la negación de su victoria por el CNE violó el artículo 5, que garantiza el derecho al voto. Sin embargo, prefirió enfatizar el fraude electoral en lugar de abogar por la restitución constitucional. Quienes lo hicieron, como Enrique Márquez y Leocenis García, están presos.
La cuarta opción es que, al argumentar un golpe de Estado, se posicionaría como presidente derrocado, sacándolo del debate sobre el fraude electoral, un tema más atractivo para organismos internacionales por el apoyo y recursos que moviliza. Un presidente derrocado es alguien que termina exiliado, esperando un giro del destino que rara vez ocurre en la historia moderna. Sus asesores probablemente le aconsejaron evitar declararse derrocado de facto y mantener la figura de presidente electo, lo que explicaría por qué no se ha juramentado. El problema es que esa figura depende del reconocimiento externo, y la administración Trump optó por negociar directamente con el gobierno de facto.
El impacto de la ambigüedad de la oposición
Lo más grave es que esta omisión permite a los Estados seguir negociando con el gobernante de facto y legitima futuras elecciones fraudulentas. Mientras se reconozca a Maduro como actor político legítimo, la oposición participará en comicios sin garantías, perpetuando el ciclo de una dictadura disfrazada de democracia.
Edmundo González, al no anclar su narrativa en el golpe de Estado desde el inicio y centrarse en el fraude electoral hasta tan tarde, ha permitido que Maduro siga vivo políticamente en la comunidad internacional. En términos de realpolitik, este error es crucial, ya que facilita que gobiernos y organizaciones que evitan conflictos reconozcan a Maduro como actor legítimo, aunque lo llamen gobernante de facto.
Más grave aún, esto ha permitido que Maduro cuestione la legitimidad de González, presentándolo como un simple candidato víctima de fraude, no como un presidente constitucional derrocado. Así, gobiernos que buscan justificarse pueden seguir argumentando que en Venezuela hay un proceso democrático, dándoles margen para negociar con el régimen sin ser señalados como cómplices.
Esta estrategia ha permitido al régimen construir la narrativa de una democracia funcional, con elecciones en las que participan opositores que aceptan sus reglas. Sin embargo, es un teatro bien calculado: Maduro ha demolido la Constitución y no hay garantías constitucionales en Venezuela. Participar en elecciones bajo estas condiciones es inútil, pues no hay democracia ni respeto por la vida en un sistema que no protege derechos fundamentales.
Mientras la oposición siga atrapada en la narrativa del fraude electoral y no se posicione firmemente en la del golpe de Estado desde su inicio, Maduro continuará manipulando la percepción internacional y sosteniendo su dictadura bajo una fachada democrática.
Si Edmundo González es un presidente derrocado preventivamente de facto, no tiene sentido que busque reconocimiento o litigue sobre un fraude electoral. Su labor no es obtener legitimidad en elecciones falsas, sino denunciar el golpe de Estado desde el 28 de julio y evitar que Maduro negocie con la comunidad internacional usurpando el cargo. Su deber es estructurar un gobierno en el exilio, abrir litigios ante organismos internacionales, iniciar expedientes sobre las violaciones de derechos de las víctimas del golpe para demandar ante cortes, reparar a las víctimas, administrar los bienes venezolanos en el extranjero y negociar con países aliados formas de restaurar la democracia en Venezuela. Ese debería ser su foco ahora.
Lo que vivimos en Venezuela no es un proceso democrático ni un gobierno electo, sino una dictadura de facto en la que Maduro ha consolidado el poder a través de un golpe de Estado continuo.
Conclusión: Un llamado al mundo
Edmundo González pagó un precio inmenso por ignorar el golpe de facto del 28 de julio: su legitimidad como presidente electo se desvaneció, la oposición venezolana quedó fracturada y Nicolás Maduro consolidó una dictadura híbrida que hoy burla al mundo bajo una máscara democrática, transformándose en una dictadura militar abierta. Lo que comenzó como un fraude electoral devino en un golpe continuo, sostenido por militares, represión brutal y la complicidad de poderes públicos, dejando más de 30 muertos, miles de arrestados y un país en estado de terror. González, al aferrarse a la narrativa del fraude durante meses en lugar de denunciar la ruptura constitucional desde el inicio —solo reconociendo el golpe tardíamente el 10 de enero de 2025—, no solo perdió su liderazgo, sino que permitió que Maduro negociara con potencias como Estados Unidos mientras deporta opositores a una muerte segura.
¿Y ahora qué? El mundo no puede seguir viendo a Venezuela como una democracia cuestionada. Maduro es un dictador de facto, y tratar con él legitima su tiranía. González debe abandonar el litigio electoral, formar un gobierno en el exilio y liderar una denuncia global del golpe que debió comenzar el 28 de julio, exigiendo justicia para las víctimas y cortando los lazos económicos que sostienen al régimen. La comunidad internacional debe actuar: desconocer a Maduro, apoyar una oposición renovada y presionar por la restauración democrática. Venezuela no es un caso perdido, pero el tiempo se agota. El precio de la pasividad lo pagan millones de venezolanos, y su grito de auxilio merece ser escuchado.
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