Es muy difícil determinar, con precisión, el desarrollo de la pandemia del COVID-19 en Rusia y sus consecuencias en la salud de su pueblo, en su economía y en la estabilidad política de sus instituciones. Todos sabemos que las informaciones difundidas por los medios de comunicación nacionales y por corresponsales extranjeros son limitadas para evitar incomodar al régimen de Vladimir Putin. Esta realidad es la razón por la cual la organización Reporteros sin Fronteras, en su estudio sobre la libertad de prensa, ubica a Rusia en el puesto 140 entre 180 países analizados. De todas maneras, para el 4 de abril de 2021, según informaciones oficiales, fueron confirmados 4.529.576 casos de COVID-19, con una tasa de fallecidos de 83,51 personas por cada 100.000 habitantes en una población de 146.749.000 habitantes. Esa tasa se puede considerar moderada si la comparamos con la del resto de países con enfermos confirmados. Sin embargo, según la última información disponible de marzo de 2021, la cifra de fallecidos causados por la pandemia es de 98.713. Pero, hay que saberlo, existe un rápido crecimiento del COVID-19 en Rusia, lo que significa un exigente reto para el gobierno de Vladimir Putin.
Además, Rusia debe enfrentar un número importante de desafíos: un abultado crecimiento del Estado, una infraestructura insuficiente, bajos niveles de competitividad, subinversión, poca capacidad de producción, exagerada dependencia de materias primas, un ambiente poco propicio para los negocios, necesidad urgente de impulsar reformas estructurales en lo económico y lo político, así como un progresivo envejecimiento de su población. Después de varios años de crecimiento negativo, consecuencia de la salida masiva de capitales, crisis del rublo, disminución del precio del petróleo y las sanciones comerciales impuestas por Occidente debido a la crisis de Ucrania, la economía rusa inició un crecimiento modesto, a partir de 2017, estimulada por la extracción de recursos minerales y el consumo privado. Ese crecimiento se detuvo con la aparición del COVID-19, cuando se produjo una grave contracción en la economía desde +1,3% en el año 2019 a –4,1% del PIB en el año 2020, producida por el desplome de la economía, la inversión y el consumo. Es posible, según estimaciones del FMI de octubre de 2020, que su economía crezca a +2,8% y +2,3 % en los años 2021 y 2022, respectivamente, apoyada por estímulos fiscales y monetarios, siempre que la crisis sanitaria sea superada eficientemente.
El gobierno de Putin estableció, después de la recesión de los años 2015 y 2016, una prudente política macroeconómica para fortalecer la estabilidad financiera. Además, el Banco Central realizó importantes esfuerzos para controlar la inflación. De allí que la economía rusa ha sido capaz de enfrentar la pandemia con un robusto marco fiscal. Su nivel de deuda pública se incrementó de 13,9% en el año 2019 al 18,9% del PIB en el año 2020 y aumentará, posiblemente, a 19% en el año 2021, decreciendo a 18,5% del PIB en el año 2022. Las finanzas públicas registraron un déficit importante con la caída del superávit desde 2% del PIB en el año 2019 a -3,5 % del PIB en el año 2020. Sin embargo, se estima que mejorará en los años 2021 y 2022 con la reducción del déficit a -1,8 % del PIB. La inflación se redujo de 4,5% en el año 2019 a 3,2% en el año 2020, y se calcula que permanecerá en este nivel en los años 2021 y 2022. Además de los logros anteriores, y en respuesta a la crisis del COVID-19, se implementó un amplio programa económico y de salud, que representó alrededor de 3,5% del PIB, estableciendo importantes beneficios sociales y reducción del desempleo. No obstante, el gobierno de Putin ha decidido rebajar el apoyo estatal a la economía y regresar a su prudente política fiscal en el año 2022.
Vladimir Putin ha ejercido la presidencia de la República durante 17 años. El actual período lo inició en mayo del año 2018. Sus gobiernos han fortalecido valores conservadores, antioccidentales y nacionalistas. Su partido, Rusia Unida, perdió un tercio de los escaños que poseía en la Asamblea Legislativa de Moscú en las elecciones municipales de septiembre del año 2019, al verse afectada su popularidad por la reforma en el sistema de pensiones. Ese resultado produjo la renuncia del gobierno del primer ministro Dmitri Medvédev, quien fue reemplazado por Mikhail Mishustin. Vladimir Putin convocó, sin importarle ese hecho ni las adversas circunstancias sanitarias producidas por el COVID-19, a un referéndum aprobatorio para validar una reforma constitucional que, aparte de algunos beneficios sociales para el pueblo ruso, planteó la posibilidad de la reelección indefinida del presidente de la República. Este referéndum fue aprobado por 77,9% del 67,97% del padrón electoral que participó en dicho referéndum. Esto significa que Vladimir Putin podría permanecer en el poder por 36 años. Sin embargo, esa permanencia tan larga en la presidencia de la República no es rechazada, de manera importante, por el pueblo ruso, habituado históricamente al reinado de los zares y a las prolongadas dictaduras comunistas del siglo XX.
La base de sustentación del régimen de Vladimir Putin parece sólida. Sin embargo, se comienza a percibir alguna resistencia en el orden político a su figura, así como una apreciable caída de su popularidad. De hecho, hay quienes piensan que su prisa por realizar el referéndum se debió a, entre otras razones, darle prioridad a la Constitución sobre los tratados internacionales y modificar la disposición de poder ser electo solo por dos períodos consecutivos. A este problema se agrega la violenta represión para suprimir las protestas por la persecución, incluyendo el empleo del sistema judicial, en contra del líder opositor Alekséi Navalny, actualmente en prisión y con serios problemas de salud, derivados de un posible envenenamiento causado por agentes del régimen y por lo cual debió ser evacuado a Alemania para salvarle la vida. Por ese motivo, Vladimir Putin y su régimen se encuentran bajo serias sospechas al punto de que, recientemente, Joe Biden lo tildó de asesino. Así mismo, Peter Stano, portavoz de la política exterior de la Unión Europea, le recordó a Vladimir Putin que, según la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a la cual pertenece Rusia, la reforma constitucional contradice sus obligaciones internacionales, “incluida la obligación de implementar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. En definitiva, un régimen que reprime a su pueblo para mantenerse en el poder. Nada diferente al gobierno de Nicolás Maduro, con excepción de su disciplina fiscal.