La reciente excarcelación y salida inmediata de Venezuela del exministro de Interior Miguel Rodríguez Torres se convierte, según expertos, en una «pena de exilio» de facto que, al ser contraria a la Constitución y estar abolida desde 1863, es una fórmula velada, puesto que no hay sentencia formal ni pronunciamiento por parte de las autoridades.
Rodríguez Torres fue liberado tras casi cinco años preso y se unió a una lista de otros seis venezolanos, considerados presos políticos, que lograron su libertad, pero fuera de las fronteras del país.
Tras su liberación el pasado 21 de enero, el exministro expresó su satisfacción por recuperar la libertad, pero se mostró contrariado por la obligación de salir de Venezuela y no poder vivir en su país, aunque no entró en detalles sobre cómo se acordó la operación.
«Es un momento que para mí es contradictorio, (de) mucha felicidad porque he salido en libertad después de cinco años en lo que llamé la caja gris, (pero) me dispongo a viajar fuera de mi tierra, dejar a mi Venezuela amada», expresó.
Es un castigo
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explicó a EFE que con este y otros casos anteriores se aplica «una condena al exilio», aunque no exista una sentencia de un tribunal.
«Demuestran que en Venezuela existe la pena de exilio, independientemente de que los órganos judiciales la dicten o no, pero en la práctica se está aplicando, y eso viola los estándares internacionales porque se están aplicando penas que no existen en la normativa jurídica», agregó.
La Constitución establece que ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio contra sus ciudadanos.
La «pena de exilio» se mantuvo en el siglo XIX, hasta que en 1863 el entonces presidente Juan Crisóstomo Falcón emitió el Decreto de Garantías en el que eliminaba, entre otras penas, la de destierro.
Victimario y víctima
Rodríguez Torres, un general de la Fuerza Armada que fue jefe del servicio de Inteligencia, dirigió la respuesta policial del Gobierno a las protestas antigubernamentales de 2014 que se saldaron con 43 muertos y cientos de heridos.
En 2018, fue arrestado por efectivos de Inteligencia y, desde entonces, sus abogados y familiares denunciaron malos tratos en prisión, así como la falta de atención médica que agravó sus condiciones de salud.
A juicio de Daniels, el caso es un resumen de «lo bueno y lo malo» de la Justicia venezolana, porque hubo un «juicio donde no se sabe cuáles eran las pruebas en contra de él, era un juicio, evidentemente, arbitrario, pero al mismo tiempo demuestra la impunidad, porque esta persona es un represor».
El abogado espera que, una vez la Corte Penal Internacional (CPI) decida reanudar la investigación de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, el testimonio de Rodríguez Torres sea incluido.
Al margen de su pasado y atendiendo a su situación actual, España lo acogió -dijo el ministro de Exteriores del país europeo, José Manuel Albares- «con el mismo estatus que se les concede a los venezolanos y que permiten la residencia de manera autónoma», y agregó que, en este caso, hubo una «mediación de carácter humanitario» sin dar más detalles.
La mediación corrió a cargo, según el liberado, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien agradeció su gestión, junto a representantes de Naciones Unidas, el chavismo y la oposición.
Una lista que se amplía
Desde 2016, se registraron otros seis casos de venezolanos, considerados presos políticos, que al ser liberados salieron inmediatamente del país, sin un pronunciamiento oficial que explicara esta situación.
Los dirigentes opositores Francisco Márquez y Gabriel San Miguel fueron liberados en 2016 y directamente viajaron hasta España.
Un caso similar ocurrió en 2018 con el antichavista Lorent Saleh, excarcelado por «riesgo de suicidio», tras cuatro años preso acusado de planear actos terroristas y contra el Estado. Tras su excarcelación, llegó a España con el entonces secretario de Estado español para Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia.
Los exdiputados opositores Mariela Magallanes y Américo De Grazia estaban refugiados en la embajada de Italia en Caracas desde mayo de 2019, tras ser acusados de participar en un conato de levantamiento militar en abril de ese año. Siete meses después, viajaron a Italia con el senador conservador Pier Ferdinando Casini, en una misión coordinada por el Ministerio de Exteriores italiano.
Vilca Fernández, de 34 años de edad, exlíder estudiantil, estaba detenido desde el 31 de enero de 2016 bajo acusaciones de «instigación al odio y difusión de información falsa», tras escribir un tuit contra el oficialista Diosdado Cabello que decía: «Tienes los días contados en el poder». Salió de prisión en 2018 y, de inmediato, viajó a Perú.