Un centenar de personas de diversidad sexual marchó este sábado en la céntrica Plaza de Armas de Santiago, en Chile para conmemorar 50 años desde la primera movilización por los derechos LGBTIQ+ en abril de 1973, una época marcada, según comentaron a EFE dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), por el «rechazo transversal» a cualquier manifestación de la diversidad sexual.
Reunidos primero alrededor de la pérgola del Kilómetro Cero de la capital chilena a media tarde, los asistentes pudieron observar una exposición con las portadas de prensa que siguieron a la concentración de 1973, publicaciones llenas de insultos y prejuicios en contra de la comunidad homosexual que, a través de un lenguaje virulento, caricaturizaba sus exigencias de entonces, enfocadas por ejemplo en la posibilidad de matrimonio.
«La sociedad de esa época se encargó de criticarlos, de menospreciarlos, de insultarlos», dijo a EFE Andrés Rivas, de 42 años.
«Durante estos años han logrado ganar ese respeto por parte de la comunidad, de que no nos sigan insultando, que tengamos los mismos derechos como persona, ya sea en distintos estamentos de la sociedad, educación, salud, que es lo que pedimos por años acá», agregó.
El «orgullo criollo»
La marcha de 1973 fue la última aparición mediática y masiva del movimiento LGTB en Chile hasta 1991, silenciados entonces por la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) que suprimió los derechos civiles durante años.
«En ese entonces, una veintena de jóvenes de entre 16 y 21 años tuvieron la valentía de rebelarse contra la represión homofóbica y transfóbica que imperaba en Chile y que era transversal. No había personas que apoyaran los derechos de LGTB. Esos jóvenes, osados, marcaron un hito para nuestra historia», dijo a EEF el encargado del área de derecho humanos del Movilh, Ramón Gómez.
Expresiones rupturistas y de una reconocida profundidad se dieron con la irrupción del escritor y artista Pedro Lemebel (1952-2015), aunque durante mucho tiempo estas acciones se mantuvieron en espacios más «underground» y eran notablemente minoritarios.
Para Gómez, así como en el mundo se conmemora el 28 de junio como el Día del Orgullo, el 22 de abril es para Chile el día del «orgullo criollo», una fecha que permite a la sociedad chilena «conocer lo que sucedió este día, y como esta marcha fue recibida entonces por la prensa de una manera ofensiva y violenta».
El dirigente reconoce significativos avances en la sociedad chilena para con la comunidad LGBT, aunque también alerta sobre «resabios» que permanecen enquistados en algunos sectores del espectro político, en particular la derecha más conservadora.
«Mientras avanzamos, surgen fuentes abiertamente homofóbicas como el Partido Republicano (ultraderecha), un peligro para los avances que hemos conseguido. Por otro lado, hoy exigimos al gobierno que patrocine de una vez la institucionalidad antidiscriminatoria», agregó Gómez.
«Que todos seamos iguales»
Para Carola Vásquez, de 47 años, el hito de hoy es «importante para recordar que todos somos iguales», y agregó: «que no nos vean como una cosa rara».
«Se trata de evitar que la gente te juzgue por lo que eliges, sea de la comunidad gay o bisexual, cualquiera. Hoy se sigue juzgando por lo que cada uno decide hacer entre cuatro paredes, eso ya no debería existir», señaló Vásquez.
Chile cuenta desde 2012 con una Ley Antidiscriminación conocida como Ley Zamudio, en memoria a Daniel Zamudio, víctima de un asesinado homofóbico en el Parque San Borja, en pleno centro de Santiago.
Su caso, uno de los más brutales conocidos en el país, marcó un antes y un después en la historia de los derechos LGBTI y dio origen a la primera sentencia por un crimen homofóbico en el país.
Más allá de los avances que la norma significa, activistas de la diversidad sexual consideran que la ley tiene algunas deficiencias, como la falta de una institucionalidad antidiscriminatoria, que sea la víctima quien deba probar un abuso ante la Justicia, o la imposibilidad de cuestionar fallos y sentencias discriminatorias.
En 2019 ingresó al Parlamento un proyecto de reforma que aumenta las penas, indemniza a víctimas y familiares, y permite añadir agravantes en las querellas por delitos de discriminación, sin embargo, a pesar de tímidos avances, no ha superado más que los primeros trámites.