A comienzos del año pasado la venezolana Yolanda* recibió una oferta laboral que prometía mejorar su calidad de vida en Colombia. Todo parecía una buena oportunidad cuando una vecina le dijo que en ese país estaban buscando personas que vendieran café y otras bebidas calientes, e incluso se ofreció a pagarle los costos de viaje y hospedaje para ella, su esposo y sus hijas de 6 y 8 años de edad.
Yolanda aceptó y emprendió el viaje con su familia. Ella ingresó a Colombia con sus hijas por un paso fronterizo permitido, mientras que su esposo lo hizo por una entrada irregular.
Al cruzar la frontera una persona las esperaba para indicarles dónde iban a vivir. Pero cuando llegaron a la casa, quien les había prometido el trabajo, que en realidad era una captadora, les dijo que no habían ido a Colombia para vender café sino para prostituirse, tanto ella como sus hijas.
Un día después de llegar a la vivienda, una de las personas que hacía parte de la red comenzó a acosar a Yolanda hasta que la agredió sexualmente. Cuando trató de hacer lo mismo con una de sus hijas, Yolanda huyó de ese lugar.
Tras escapar de la vivienda se encontró con su esposo y, después de contarle lo sucedido, toda la familia pasó la noche en una plaza pública hasta que dos policías se acercaron para preguntarles por qué estaban allí. Fueron los primeros en enterarse que eran víctimas de trata de personas.
Los policías les dijeron que conocían al tratante, y que habían escuchado varias historias de este tipo en las que muchas víctimas eran mujeres venezolanas. A pesar de eso, no les ofrecieron ninguna ayuda. Únicamente les permitieron seguir durmiendo en el espacio público.
Se quedaron en el parque durante varios días, hasta que en una ocasión en la que no se encontraba su esposo, un hombre se acercó y les ofreció ayudarlas a través de una organización. Esa ONG contactó a organismos nacionales e internacionales, así como a la policía especializada en el delito de trata de personas, pero esta entidad no atendió su solicitud de forma inmediata.
Como no hubo ayuda oficial, algunas organizaciones lograron, de forma temporal, darles productos básicos de aseo, alimentación, salud, hospedaje en un hotel y protección. En esa intervención mediaron la Cruz Roja Colombiana y ONU Mujeres.
Con el apoyo de una de esas organizaciones, Yolanda presentó en febrero del año pasado una denuncia en la Fiscalía General de la ciudad. Pese a que les contó todo el caso y cómo la habían engañado, la Fiscalía dijo que no era un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que se trataba de un hecho de inducción a la prostitución.
Ese cambio en la calificación del delito es muy importante porque afectó de forma grave el reconocimiento de sus derechos así como su protección. Ese fue el primer gran portazo de parte del Estado y la justicia.
Y así se vio reflejado cuando se acercó ante la Secretaría de Gobierno de la ciudad en la que estaba, institución que le dijo que como su caso no era de trata, según los papeles que había elaborado la Fiscalía, entonces no se podía activar la ruta que se les brinda a las personas víctimas de este delito.
Aunque la misma Defensoría del Pueblo colombiana le pidió a la Secretaría activar la ruta, ese organismo se negó insistiendo en que para la Fiscalía lo que sufrió Yolanda fue un hecho de inducción a la prostitución.
Al no poder ser asistida en Colombia como víctima de trata de personas, Yolanda volvió a Venezuela. Sin embargo, al volver a su ciudad natal fue contactada por la red que la había engañado, que la amenazó de muerte. Por eso tuvo que volver a Colombia, pero en el país las amenazas siguieron.
Aunque ella volvió a acudir a la Fiscalía y a la Defensoría colombianas para que la protegieran, nunca recibió una respuesta. Lo único que obtuvo fue un correo de una funcionaria del ente acusador en el que le dice que había remitido su caso al Programa de Protección, pero esta es la fecha en la que sigue esperando que alguien de ese programa se comunique con ella.
El caso de Yolanda ha pasado de despacho en despacho. Del Comité Municipal para la Lucha contra la Trata de Personas pasó al departamental, pero esta organización sigue sin actuar. Lo último que supo es que la secretaría técnica del Comité le dijo que debía pedirle apoyo a Migración Colombia para ser trasladada de nuevo a Venezuela, pues se encuentra en una situación migratoria irregular en ese país. Esto mientras se resuelve la solicitud de asilo que pidió ante la Cancillería.
«De darse mi traslado a mi país de origen me expondría a grave riesgo, pues podría enfrentarme a nuevas amenazas y hostigamientos en mi ciudad. Los captores han llegado varias veces a la casa donde vivía con mi familia en Venezuela y destruyeron parte de mi vivienda», le dijo Yolanda a la Corte Constitucional en una tutela.
Han pasado los meses, más de un año, y Yolanda todavía no recibe una protección del Estado y no se ha activado en el país la ruta para entregarle la asistencia a la que ella tiene derecho por haber sufrido tráfico de personas. No tiene una vivienda, empleo, ni las mínimas condiciones para su supervivencia. Sus hijas no van al colegio y tanto ella como su familia no han podido ser atendidas por el sistema de salud. A todo esto se suma que las amenazas de muerte no han parado.
Todo este caso fue conocido y documentado por Women’s Link, que interpuso una tutela con el fin de que el Estado colombiano garantizara los derechos de Yolanda.
Por cuenta de la pandemia, la Corte Constitucional de ese país tuvo que suspender los términos y su proceso quedó paralizado. «Es urgente que la Corte hable en breve, reconozca a Yolanda como víctima de trata de personas y, además, dicte medidas urgentes y estructurales para que las autoridades colombianas mejoren su capacidad de coordinación, identificación y protección integral a todas las víctimas de trata, incluidas sus familias, especialmente en el nuevo contexto del covid-19», dijo la organización.
En la tutela, se expone que a Yolanda se le han vulnerado sus derechos al acceso a la justicia, la integridad personal, la seguridad, el mínimo vital, la salud y la dignidad humana, garantías que espera que sean protegidas por la Corte.
Se le ha vulnerado el acceso a la justicia, dice la tutela, por la deficiente atención que ha tenido de parte de las autoridades, empezando por la Fiscalía General que tipificó su caso como no era, lo que impide que el hecho sea investigado en los términos que corresponde, además de que se garanticen sus derechos.
De otro lado, la Secretaría de Gobierno del municipio en el que se encuentra condicionó su atención a la denuncia penal y a que el delito se tipificara de forma adecuada. En su tutela, Yolanda recuerda que esta exigencia está proscrita en las leyes colombianas, y así fue ratificado por la Corte Constitucional en un fallo de 2016.
Es por esto que, con todos estos argumentos, Yolanda le pidió a la Corte que le ordene al Comité que tiene su caso que priorice la valoración de su proceso, que le brinde un alojamiento digno, asistencia médica, seguridad, transporte y asistencia material. También que se active la ruta a la que ella tiene derecho, y que se corrija en la Fiscalía el delito con el que quedó su denuncia para que ella sea reconocida, por fin, como víctima de trata de personas.
Los vacíos en la protección de las víctimas de trata
Este jueves en el que se conoce la historia de Yolanda, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que según la Organización de Naciones Unidas afecta a miles de víctimas cada año.
La trata de personas se puede dar en las modalidades de explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad forzada, matrimonio forzado, la venta de niños y niñas como soldados, o para extraer órganos.
La ONU señalaque las mujeres representan 49% de las víctimas en el mundo y las niñas 23%. Además, la explotación sexual es la forma más conocida de trata, aplicándose en 59% de los casos, seguida del trabajo forzado, con 34%.
El problema es que pese a la importancia que tiene este delito, y la afectación que trae para la vida de las víctimas, se siguen presentando situaciones que impiden que a las personas afectadas se les dé el reconocimiento que merecen para poder garantizar sus derechos.
Women’s Link indica que en Colombia hay una legalidad que debería garantizar que a una víctima de trata de personas se la identifique como tal, y una de esas normas es la ley 985 de 2005 que establece las medidas para actuar en este tipo de casos.
«Sin embargo, a pesar del desarrollo normativo, siguen faltando mecanismos efectivos de identificación, protocolos unificados de actuación entre las entidades competentes y coordinación interinstitucional para la asistencia adecuada e integral de las víctimas», dice la organización.
Uno de los problemas es que, como cada territorio puede diseñar su propia estrategia contra la trata de personas, la atención y protección de las víctimas termina dependiendo de la voluntad y capacidad de cada organismo local.
Otra dificultad, dice la ONG, es que como los comités no tienen mucha capacidad terminan abordando el problema solo desde el enfoque penal y de seguridad, y no desde la protección de derechos, lo que hace que muchas víctimas terminen abandonando la ruta.
Un ejemplo de la falta de proactividad de las autoridades ante este delito, dice la organización, es lo que sucedió en Cartagena a mediados de 2018, cuando fueron rescatadas 23 jóvenes venezolanas que serían víctimas de trata de personas. Cuando Women’s Link preguntó por la asistencia que se les había dado, el Ministerio de Interior colombiano dijo que ninguna de las jóvenes se había declarado como víctima a pesar de que, dice la organización, ocho de ellas diligenciaron el reporte del caso y pidieron ayuda.
«Todo ello indica que el proceso de identificación no es adelantado de manera proactiva e integral por las autoridades encargadas, sino que la responsabilidad recae desproporcionadamente sobre las víctimas», dice la ONG.
Otra dificultad, asegura la ONG, son las inconsistencias en las cifras de víctimas. El Ministerio del Interior es la fuente oficial en el registro y entrega de estas estadísticas y tiene un Observatorio del Delito de Trata de Personas que se encarga de recopilarlas y sistematizarlas.
Víctimas de trata de personas
Cifras del Ministerio del Interior indican que el año pasado hubo 124 víctimas de trata de personas. De ellas, 14 se registraron como hombres, 109 como mujeres y una persona con orientación sexual diversa. De todas las víctimas, la mayoría (63) tenían entre 18 y 26 años de edad, seguidas por los 27 y 59 años, con 46 casos.
Además, el reporte de 2019 daba cuenta de 48 casos de trata interna y 76 de trata externa. También establecía que la mayoría (79 víctimas) fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual, 12 con fines de matrimonio servil, 11 como servidumbre, 8 de trabajos forzados y 1 como esclavitud.
Y este año, de acuerdo con el Ministerio del Interior, hasta el 7 de julio iban van 59 víctimas de trata de personas: 12 hombres y 47 mujeres. La mayoría de casos (15) tenían entre 18 y 26 años. Además, 40 de los 59 casos de este año son de explotación sexual, 7 de mendicidad ajena, 3 de matrimonio servil, dos trabajos forzados y otro de servidumbre.
En los casos de 2020, en cuanto a los países de donde vienen las víctimas de trata, el Ministerio registra 19 casos de Venezuela, lo que significa que 32% de casos de este año son víctimas del país.
En el reporte del año pasado y de otros años, dice Women’s Link, es preocupante que el Ministerio del Interior no especificara cuántas de las víctimas eran venezolanas, a pesar de que desde 2015 —tras la crisis humanitaria en el país— los casos de víctimas de trata han venido en aumento.
«La baja calidad y profundidad de los datos oficiales es un indicador de la falta de visión del Ministerio del Interior sobre el riesgo de trata que enfrentan las personas migrantes venezolanas que llegan a Colombia, especialmente mujeres y niñas», dice la ONG.
Además Women’s Link asegura que estos datos del Ministerio no coinciden con los aportados por otras instituciones como la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, ICBF, Cancillería, Ministerio del Trabajo, entre otras. Tampoco coinciden con las de ONG, lo que puede dar lugar a un amplio subregistro.
De hecho, al consultar en las bases de datos de la Fiscalía General, el año pasado el órgano acusador recibió 225 denuncias de trata de personas y este año reportaba 65 hasta mayo.
De otro lado, el Ministerio del Interior tampoco da información sobre cómo fue la asistencia a las víctimas, ni si lograron que se restablecieran sus derechos. «Esto demuestra que las instituciones no están articuladas para prevenir, identificar y combatir el delito de la trata de personas», asegura.
Otra de las dificultades para identificar y atender a las víctimas es la falta de formación de los funcionarios públicos en este delito, lo que hace que desconozcan las normas y las rutas de atención. Según información de la Corporación Ser Voz, solo cuatro fiscales recibieron formación sobre trata en 2018 y cada vez son menos los fiscales especializados en estos casos.
Así, dice la ONG, en 2016 había 28 en direcciones seccionales y 6 en el grupo de articulación para la lucha contra la trata. En 2017 había 27 en seccionales y 4 en el grupo. Y para 2018, bajaron a 26 en seccionales y 3 en el grupo. «Se trata de un número realmente bajo teniendo en cuenta la magnitud de la problemática», critica la organización.
También preocupan los pocos resultados en estos casos. Women’s Link recuerda que entre 2013 y 2018 la Fiscalía abrió 673 investigaciones por trata de personas. Sin embargo, entre 2015 y 2018 solo se logró condenas en 15% de los casos.
Esta organización también documentó entre 2011 y 2016 unas 908 investigaciones por trata de personas de las cuales, dice la organización, solo hubo 52 sentencias.
*Nombre cambiado para proteger a la víctima.