La organización no gubernamental WOLA emitió un comunicado acerca de la nueva política de deportación establecida entre Estados Unidos y Venezuela. Con fecha del 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) anunció que acordó con el gobierno venezolano que se repatriará a los venezolanos que llegaron a suelo estadounidense de forma irregular y quienes carezcan de bases legales para permanecer en el país.
WOLA señala que el anuncio contradice la decisión que la administración Biden tomó en septiembre. Esta tenía como propósito prorrogar y redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos, pues el gobierno entendía el peligro que representa el regreso a su país.
La organización cita el testimonio del secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, que dijo: “Hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos de Venezuela que llegaron a Estados Unidos después del 31 de julio y que no tienen una base legal para permanecer aquí”.
WOLA: «La decisión ignora la realidad de Venezuela»
La ONG rechazó la decisión de deportar a venezolanos, «considerando los riesgos que enfrentan en su propio país y la obligación internacional que tiene Estados Unidos de garantizar que no devolverá a personas a un país donde probablemente enfrentan peligro o persecución (principio de no devolución)».
Añadió que la decisión «ignora la realidad de la situación en Venezuela y va en contra de la propia conclusión de la administración Biden del 20 de septiembre, cuando una Notificación del Registro Federal del DHS señaló que ‘Venezuela continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia, que impactan el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y que han llevado a altos niveles de pobreza’.
Recordó que los migrantes venezolanos huyen de una crisis humanitaria que está marcada por violaciones masivas de derechos humanos, por lo que más de 7,7 millones de personas se fueron del país. Y enfatizó que Venezuela es el único país en la región que tiene una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional.
«Según las leyes tanto internacionales como estadounidenses, cualquier persona que tema por su vida, su integridad personal o su libertad, tiene derecho a solicitar asilo y al debido proceso. Estados Unidos también tiene herramientas adicionales a su disposición, incluido el TPS, para otorgar estatus legal a personas de un país cuyas condiciones impiden su regreso seguro. Estados Unidos no debe ser un país que deporta personas a países con dictaduras represivas donde pueden enfrentar graves amenazas a sus vidas o a su libertad», concluyó WOLA.