Vox pretende hacer más difícil la obtención de la nacionalidad española para los inmigrantes, es decir, su acceso a la plena ciudadanía y el derecho al voto.
El grupo de Santiago Abascal, según reseñó el diario El País, presentó el miércoles en el Congreso una propuesta de ley de reforma del Código Civil que extiende de 10 a 15 años el tiempo mínimo de residencia legal y continuada en España que debe acreditarse para poder iniciar el expediente de concesión de la nacionalidad, que se prolonga habitualmente entre 2 y 3 años.
Abascal, quien ejerce como presidente de Vox, dijo que su plan es cuidar “como un tesoro la nacionalidad española y no regalársela a cualquiera”.
La propuesta supondría mantener a los inmigrantes legales como ciudadanos de segunda clase por un plazo de al menos 17 años, indicó el medio español.
El objetivo de Vox es dar beneficio al ius sanguinis (”derecho de sangre”) sobre el ius solis (”derecho de suelo”), de forma que el linaje prime sobre el lugar de nacimiento a la hora de obtener la nacionalidad.
El partido aclaró también que los inmigrantes latinoamericanos quedarán exentos de estas medidas debido a se está intentando liderar una alianza anticomunista en Iberoamérica.
A los nacionales de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y a los sefardíes les seguirían bastando con 2 años de residencia si prosperase la reforma.
El medio español señaló que en realidad la propuesta de ley va dirigida contra los ciudadanos de origen magrebí (marroquíes y, en menor medida, argelinos).
Vox asimismo quiere que se incluya como requisito para obtener la nacionalidad “carecer de antecedentes penales en su país de origen y en España, estar en posesión de un certificado oficial de idiomas, acreditando un suficiente conocimiento de la lengua española y presentar en el expediente de concesión un documento público expedido por las autoridades de su país de origen que certifique la pérdida de la anterior nacionalidad”.
Estas exigencias ya se valoran actualmente para conceder la ciudadanía, pero el partido las quiere convertir en requisitos indispensables.
Sin embargo, esto hará que los migrantes se enfrenten a numerosos problemas: desde el valor de los antecedentes penales en regímenes sin tribunales independientes o el hecho de que en muchos países, como Marruecos, la nacionalidad sea irrenunciable.
La mayor novedad es la posibilidad de retirar la nacionalidad española a aquellos que no la tengan de origen y que sean condenados en sentencia firme por delitos contra la Constitución, el orden público, traición y contra la paz o independencia del Estado y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad internacional.