Al menos 185 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, según informe divulgado este lunes por la red regional Voces del Sur.
«En el primer trimestre de 2023 conocimos que 7 periodistas se vieron obligados al exilio ante los constantes asedios e intimidaciones de las que fueron víctimas. Desde Voces del Sur hemos sistematizado un total 185 periodistas que han abandonado Nicaragua desde 2018», indicó la organización en un informe trimestral.
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En el reporte titulado Libertad de prensa en Nicaragua sin respiro: Ortega no deja de atacar, Voces del Sur ofreció cifras. Documentó, entre enero y marzo de este año, 14 alertas de casos de violaciones de la libertad de prensa, es decir, 38 casos.
«Las amenazas de cárcel y de expulsión del país figuran como una de las principales formas de intimidación en contra de quienes ejercen la práctica periodística», señaló la red, que elaboró el informe junto con su organización socia en Nicaragua, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
La autocensura sigue aumentando
En el documento, Voces del Sur explicó que en 2023 no realizarán informes mensuales, sino cuatro informes trimestrales. «Esto debido al creciente aumento de la autocensura entre las mismas víctimas, lo que ha provocado la disminución de las denuncias y el avance de la criminalización del periodismo independiente», indicó.
La organización nicaragüense manifestó que para los periodistas y otros trabajadores de medios que aún se encuentran en Nicaragua denunciar sobre las agresiones de las que son víctimas es arriesgado. Y por ello, para preservar su integridad, decidieron omitir nombres y ubicación geográfica de los denunciantes.
«Debemos tener en cuenta que, como organizaciones defensoras de la libertad de prensa, tenemos también el gran compromiso de salvaguardar la seguridad y la vida de los periodistas y sus familias», agregó.
La desnacionalización de periodistas
Voces del Sur y FLED condenaron las acciones violatorias de los derechos humanos que ha aplicado el gobierno de Nicaragua durante el primer trimestre del año. «Principalmente el arrebato de la nacionalidad, expulsión y destierro de 222 nicaragüenses, incluidos periodistas, ejecutivos y otros trabajadores de medios de comunicación».
«Igual repudiamos el retiro de la nacionalidad de otras 94 personas, lo cual incluye al menos a 10 comunicadores», añadieron.
En su informe, ambas organizaciones lamentaron que con este hecho «se busque infundir mayor terror entre los hombres y mujeres de prensa, quienes se han mantenido apegados a la ética y han desafiado la censura y la represión que receta el gobierno Ortega-Murillo».
Denunciaron la toma ilegal de propiedades, el congelamiento de cuentas bancarias, negativas de pago de pensión y otras medidas coercitivas denunciadas por las víctimas (incluidos periodistas desnacionalizados). Además, lamentaron el silencio «sepulcral y complaciente que han mantenido las entidades bancarias que han ejecutado congelamiento de cuentas a periodistas y otros ciudadanos».
Apoyo internacional a las víctimas
Rechazaron la amenaza implícita del gobierno contra los medios de comunicación que informaron sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Eso ocurrió el 12 de marzo, cuando fueron acusados, según el informe, «de promover noticias falsas».
Voces del Sur recordó a Estados del mundo la importancia de facilitar refugio, apoyo legal y condiciones para que los periodistas independientes que se ven obligados a salir del país puedan continuar con su labor informativa y así contribuir a vencer el cerco de la censura que se ha impuesto en la nación centroamericana.
Voces del Sur es una red regional creada en 2017 por organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabaja en coordinación con el fin de promover y defender la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de periodistas.
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