El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley este martes que garantiza inmunidad vitalicia a los exmandatarios rusos.
El texto, publicado en línea este martes, otorga a los expresidentes y a sus familias inmunidad para que no se abran procesos en su contra por delitos cometidos.
Con ello, también quedarán exentos de los interrogatorios por parte de la policía o por investigadores, así como de registros o arrestos.
Esta legislación forma parte de las enmiendas constitucionales que se aprobaron este verano en una votación a nivel nacional. Parte de las enmiendas permitió que Putin, de 68 años, pueda permanecer en la presidencia hasta 2036.
Hasta ahora, los expresidentes solo eran inmunes por delitos cometidos mientras estuvieran en el cargo.
Aún así, esta inmunidad puede quedar anulada si el expresidente recibe una acusación de traición o de otro delito grave y los cargos se confirmen por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional.
Además de la inmunidad, Putin también firmó una legislación este martes para otorgarle una plaza vitalicia a los expresidentes en el Consejo de la Federación. El cargo también provee inmunidad procesal.
El mes pasado, los proyectos de ley pendientes dieron lugar a rumores de que el presidente ruso pensaba dejar el cargo, algo que el Kremlin negó. Además, afirmó que Putin se encontraba en buena salud.
Una nueva legislación
El martes, la Cámara Baja de la Duma aprobó en tercera lectura una legislación para hacer que la información sobre los empleados del sistema judicial ruso, el refuerzo de la ley y organismos militares y reguladores sea confidencial.
Ese proyecto aguarda ahora la firma de Putin para convertirse en ley, un paso que está considerado como una formalidad.
El opositor Alexei Navalny afirmó desde Alemania que telefoneó a un supuesto agente de seguridad y le engañó para que admitiera que los servicios secretos (FSB) intentaron matarle en agosto, envenenándolo.
Según Navalny, obtuvo el número de teléfono del agente a través de archivos filtrados y registros de viajes.
El opositor publicó la supuesta dirección y teléfono del agente, algo que, en virtud de la nueva legislación, sería ilegal.
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