Un grupo de representantes de víctimas de crímenes ocurridos en Venezuela, se presentaron esta semana en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, Argentina, para evitar el cierre de la causa que buscaba investigar a Nicolás Maduro por estos hechos bajo el principio de justicia universal.
El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar las actuaciones y enviar el expediente a la Corte Penal Internacional (CPI). En esta ya existe una investigación abierta contra el gobierno de Nicolás Maduro según publicó Infobae.
Sin embargo, un grupo de ciudadanos venezolanos apeló esta decisión y, tras obtener el rol de querellantes, están buscando que la Cámara Federal porteña revoque la resolución del juez Ramos.
La causa está ahora en manos de los jueces de la Sala I de dicho tribunal, según informaron fuentes judiciales a Infobae.
Antecedentes
En julio pasado, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación para determinar posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esto luego de una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney en los tribunales de Comodoro Py.
El fiscal solicitó informes a jueces y fiscales venezolanos, así como al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La denuncia destacaba la necesidad de que Argentina investigue las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La investigación se basaría en el principio de jurisdicción universal para presentar evidencias sobre la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en crímenes de lesa humanidad contra miembros de la oposición.
Otras causas
Esta causa se sumó a otras investigaciones existentes. Incluyendo una denuncia similar contra Maduro que fue presentada ante la CPI en 2018 por presidentes de cinco países. Entre ellos el de Argentina, Mauricio Macri; junto a sus pares de Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
La fiscalía ya había dictaminado en una de las causas previas que no correspondía proceder debido a la investigación en curso en la CPI desde 2018.
La situación actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Cámara Federal porteña.
Apelación
Sin embargo, un grupo de víctimas ha presentado una apelación argumentando que la causa en la CPI no necesariamente coincide con la denuncia original en curso.
Se menciona que la actuación del fiscal Pollicita se vio superada por un nuevo requerimiento presentado por el fiscal Stornelli. Esta incluye casos como la desaparición de la activista Rocío San Miguel, que probablemente no están siendo investigados por la CPI.
Los representantes de las víctimas sostienen que la presentación del caso a la CPI no implica que la causa local deba ser cerrada. El análisis de la coincidencia de casos corresponde a la CPI según el principio de complementariedad.
Se destaca que la gravedad de los hechos y la violación de normas fundamentales permiten que los crímenes sean juzgados en el país.
Se hace referencia al principio de Jurisdicción Universal, que permite a un estado enjuiciar ciertos crímenes sin importar la ubicación o nacionalidad de los involucrados.
Los apelantes mencionan el caso de los crímenes de Myanmar, que fue abierto por la Sala I de la Cámara Federal, como ejemplo de aplicación de este principio.