Venezuela es el primer país latinoamericano que será investigado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por presuntos abusos del régimen de Nicolás Maduro. Esto en aplicación de una resolución impulsada por el Grupo de Lima y con la que el oficialismo advirtió que no colaborará.
La resolución se aprobó con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.
«Efectivamente, permitirá la rendición de cuentas de los responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela», destacó a Efe tras la aprobación de la resolución Carlos Foradori, embajador de Argentina ante la ONU en Ginebra y cuyo país fue uno de sus impulsores.
La comisión investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos desde 2014 en Venezuela. En este sentido, presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto de la resolución también condena «la extendida represión y persecución política en Venezuela». Esto en referencia al informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Un documento que reportó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
La resolución también insta a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a todos los presos políticos.
Es un gran paso
La representante de Juan Guaidó en Ginebra, María Alejandra Aristeguieta, expresó que el texto aprobado este viernes es un gran paso para incrementar la presión contra el régimen venezolano.
Aristeguieta manifestó su confianza en que la comisión esté formada por «expertos independientes con una larga trayectoria en el área de derechos humanos y de posibles crímenes de lesa humanidad». Ello con el fin de «tratar de establecer si hay motivos para ir a la Corte Penal Internacional».
Rechazo del régimen
Por su parte, el embajador del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Valero, consideró lo contrario. Dijo que la resolución era «una hostil iniciativa que vulnera los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estado».
«Es una muestra palpable de lo que significan la manipulación y el uso politizado de este consejo y sus mecanismos», señaló. Además, adelantó que la formación de esa comisión y otras medidas estipuladas por la resolución «no contarán con el consentimiento» del oficialismo.
Valero también atacó a los países del Grupo de Lima que promovieron la resolución. Acusó a esas naciones de ser «vergonzantes súbditos del gobierno de Donald Trump» . También, añadió que siguen «al pie de la letra las instrucciones del imperialismo norteamericano».
El embajador Foradori respondió que el «imperio» al que ellos siguieron para impulsar el texto es «el imperio de la justicia, de la razón y del respeto profundo por los derechos humanos».
Grupo de Lima
Entre los argumentos presentados por el Grupo de Lima para defender su iniciativa, la delegación chilena destacó que la región latinoamericana también se ha visto impactada por la crisis social, económica y política que vive Venezuela, por el éxodo de más de cuatro millones de venezolanos sobre todo a países vecinos.
Corresponderá ahora al presidente del Consejo de Derechos Humanos iniciar el proceso de formación de la comisión, que incluirá designar a sus miembros.
De manera general, este tipo de comisiones se crean frente a casos de crímenes generalizados en zonas de conflictos como Yemen, Siria, Parlestina y Birmania. Mientras sus miembros suelen ser destacados activistas por las libertades fundamentales, entre ellos juristas, académicos o diplomáticos.