“Detrás de una coalición de gobiernos de la región está la mirada puesta en la soberanía de nuestra patria, está la intención de intervenir y tutelar a nuestro país. El día de mañana presentaremos la denuncia a la Carta de la Organización de Estados Americanos e iniciaremos el procedimiento de retiro que tarda 24 meses. Aclaro que Venezuela no participará en lo sucesivo en ningún evento donde se pretenda posicionar la injerencia de otros países”, señaló este miércoles la canciller Delcy Rodríguez sobre el comienzo de las gestiones para sacar a Venezuela de la OEA.
A pesar de iniciar el procedimiento, establecido en el artículo 143 de la Carta de la OEA, el gobierno venezolano deberá regirse por las reglas y tratados de la organización hasta que se cumplan los 24 meses. Esto implica que todas las reuniones y debates que se efectúen en relación a la crisis venezolana para los próximos meses aún tienen vigencia por dos años.
La internacionalista Elsa Cardozo explicó que tramitar la salida no impide la participación de la representación venezolana en las sesiones e incluso tienen derecho a voto. Sin embargo, recordó que la canciller aseguró que no participarán.
“En la historia no hay ningún país que haya realizado la denuncia a la carta y emprendido este proceso de retiro. En las otras ocasiones lo que ha ocurrido son suspensiones a ciertos países como ocurrió con el gobierno de Cuba. A este último se le devolvió el derecho a participar, pero no quiso volver”, explicó Cardozo.
Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 por su relación con el bloque chino-soviético en la Guerra Fría. En 2009 se le devolvió la posibilidad de incorporarse a plenitud, pero el entonces presidente Fidel Castro lo rechazó.
La internacionalista considera que tanto una suspensión como un retiro son perjudiciales para el país, pero el segundo de estos escenarios implica una salida definitiva a diferencia de la suspensión.
“El obstáculo que esto plantea es que el gobierno venezolano rompe estos canales de comunicación con la OEA y las gestiones diplomáticas que se puedan organizar de allí en adelante”, acotó Cardozo.
Artículo 143 de la Carta de la OEA
“Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.
La canciller Delcy Rodríguez anunció su retiro después de que 19 países de la organización aprobaran efectuar una reunión de consulta con los cancilleres de todos los países miembros para considerar la situación de Venezuela. Entre los temas que destacan estos miembros está la violación de derechos humanos y la necesidad de que se realicen las elecciones pendientes.
El internacionalista Félix Gerardo Arellano asegura que el discurso de la mayoría de los naciones que están en la OEA demuestra rechazo a la suspensión y muestra su respaldo a las gestiones diplomáticas y el diálogo para tratar de restituir el orden constitucional en el país.
“Lo que quieren los países de la OEA es diálogo y negociación. ¿Por qué se convoca la reunión de cancilleres? Para que se realice la consulta. El gobierno de Venezuela no quiere dialogar en esta instancia”, consideró Arellano.
El experto descartó la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre la situación venezolana en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
“La diferencia entre la Organización de Estados Americanos y la Celac es que no están Estados Unidos y Canadá y sí está Cuba, pero la mayoría de los países en la OEA han demostrado su crítica a la situación. Si se discute, difícilmente pueda haber un acuerdo porque todas las decisiones allí se deben tomar en consenso”, acotó.
Arellano explicó que todos los casos de violación de derecho fundamentales que estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mantendrán en el plazo de dos años. Además, en el mismo plazo, el país también puede retractarse.
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