La Declaración de Cartagena, suscrita por la mayoría de los países latinoamericanos en 1984, incluye dentro de la tipificación de refugiados a los «desplazados en territorio extranjeros» que huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus respectivos países.
Es por ello que Román Duque Corredor, abogado constitucionalista y ex magistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia venezolana, aseguró que las personas que huyen por la crisis de Venezuela son refugiados.
«El asilo es la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por motivos diversos de desconocimiento, estigma o tiempos de espera», expresó en su reflexión, publicada en Bloque Constitucional.
En su texto, el abogado constitucionalista realiza una interpretación de la definición de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena y su aplicación a los migrantes venezolanos.
Duque Corredor considera que han de analizarse los avances y la aplicación para la protección de personas refugiadas y particularmente en el caso de los venezolanos desplazados.
«En efecto, no solo se ha evolucionado progresivamente en el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia, sino que incluso los países de América Latina han reformado sus leyes de asilo y sancionado las de refugio más extensivas», agregó.
Ante ello afirmó que también podría considerarse calificar a Venezuela de un país de violación masiva de derechos humanos. Además, «de una situación de acontecimientos o circunstancias que perturban el orden público, como factor de la migración masiva».
«En Venezuela existe una situación grave que expone a su población en extremo peligro de su vida (…) los venezolanos desplazados puedan ser calificados de refugiados para obtener el derecho de asilo», concluyó.
Aplicación de la Declaración de Cartagena
Los países de Suramérica han evitado aplicarla por temor a «generar una avalancha de solicitudes de refugio». Sin embargo, Brasil dio el primer paso.
El gobierno de Jair Bolsonaro aplicó por primera vez la definición de asilo recogida en la Declaración de Cartagena, para analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de ciudadanos venezolanos.
El pasado mes de julio reconoció 174 casos con base en este criterio. Ahora estos venezolanos cuentan con todas las oportunidades para valerse por sí mismos en Brasil, sin convertirse en una carga para el Estado.