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Venezolanos en Perú piden amnistía para multados que no renovaron a tiempo sus permisos de residencia

por Avatar EFE

La Unión Venezolana en Perú pidió el miércoles al presidente Pedro Castillo una amnistía para los migrantes venezolanos que fueron multados por no renovar a tiempo sus permisos de residencia, pues aseguran que el atraso se debió a una confusión generalizada.

«Por una confusión generalizada, por desinformación en cuanto a la fecha de vencimiento de la residencia y la confusión que generó una fecha de caducidad que está al reverso del carnet de extranjería es que estos no iniciaron el trámite de renovación antes de su vencimiento», dijo el presidente de la asociación, Oscar Pérez, en rueda de prensa.

Perú es el segundo país del mundo con mayor cantidad de migrantes venezolanos, por detrás de Colombia. Acoge a un promedio de 1,3 millones de ciudadanos de ese país, 1 millón de los cuales viven en Lima Metropolitana y el Callao.

Según las cuentas de la asociación, son cerca de 94.000 los migrantes de nacionalidad venezolana afectados por esas multas de 12 dólares por cada día de atraso, lo que en algunos casos supone hasta 5.000 dólares de sanción.

Por eso extendieron su petición a Castillo y al primer ministro, Aníbal Torres, «para que decreten un proceso general de amnistía o de exoneración de multas con la finalidad de que los afectados vuelvan a obtener su regularización migratoria», según comunicado de la organización.

Esas sanciones, en opinión de Pérez, son en este momento impagables para los migrantes, «puesto que están muy por encima de los ingresos diarios que recibe cada una de estas personas como remuneración al trabajo que realizan en Perú».

«Apelamos a la buena voluntad del presidente Castillo y del premier para que se evalúe la posibilidad de decretar una amnistía general, una exoneración general», subrayó.

Advirtió que esta situación ha provocado una serie de consecuencias para quienes tienen sus documentos vencidos, tales como despidos de sus empleos, inmovilización de cuentas bancarias, anulación de licencias de conducir, impedimento de realizar trámites ante entidades públicas y privadas o desafiliación del seguro social, entre otros.