Los integrantes de un tribunal de la región peruana de Ica archivaron una denuncia por violación sexual presentada en 2019 por una joven de 20 años de edad, bajo el argumento de que la denunciante usaba ropa interior de color rojo.
La información fue confirmada por la Fiscalía luego de que medios locales señalaran que el tribunal, integrado por dos mujeres y un hombre, consideró para desacreditar la acusación que «la supuesta personalidad que presenta la misma (tímida) no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos».
Los jueces mencionaron, además, que en los testimonios de la denunciante existirían omisiones, mientras que el imputado sostuvo que fue acusado por venganza.
Tras hacerse públicos esos argumentos, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) informó este lunes que iniciará una investigación preliminar del caso, mientras que la Fiscalía solicitó la nulidad de la sentencia y que se abra un nuevo juicio.
Acusación a la agraviada
El Ministerio Público señaló que la resolución fue tomada el pasado jueves por los integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur en un proceso abierto en Ica, ciudad a unos 300 kilómetros al sur de Lima, contra un hombre de 22 años de edad por presunta violación.
Los magistrados incluyeron en sus argumentos lo siguiente: «La máxima de la experiencia indica que el uso de este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad. Por lo que conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado».
Recurso de la Fiscalía
Ante esto, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica solicitó la nulidad de la sentencia y el inicio de un nuevo proceso en otro tribunal.
El fiscal adjunto provincial, Carlos Guillermo Yalle, interpuso una apelación «para que se adecúe un mejor estudio y debida valoración de la actividad probatoria, se declare la nulidad y se disponga un nuevo juicio ante otro juzgado con las debidas garantías contra el acusado».
El Ministerio de la Mujer manifestó, por su parte, su profundo rechazo ante los argumentos de los magistrados y consideró que no se encuentran conforme con las normas vigentes nacionales e internacionales al contener un razonamiento estereotipado y revictamizante para la denunciante del caso.
«La erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres solo podrá ser posible con un Poder Judicial imparcial y consciente de su rol fundamental frente a los fines de la erradicación de la violación y discriminación basadas en género», enfatizó.
Investigación a jueces
La OCMA informó, entretanto, que coordina con su oficina en la Corte Superior de Ica para el inicio de las investigaciones a los jueces, identificados como Ronald Anayhuamán Andia, Diana Jurado Espino y Lucy Castro Chacaltana.
El organismo indicó que se acopiarán los elementos necesarios para analizar y aclarar una supuesta inconducta funcional de los jueces, tras lo cual se determinará si se inicia una investigación disciplinaria.
Este lunes, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, expresó a la jefe de la OCMA, Mariem de la Rosa, su preocupación sobre este caso y la instó a disponer acciones de control.
Protestas en Ica y Lima
Tras conocerse este caso, integrantes de colectivos feministas y de derechos humanos protestaron frente a las sedes principales del Poder Judicial de Ica y Lima para rechazar los argumentos usados para archivar este caso, que calificaron de una «sentencia machista».
Las activistas mostraron prendas interiores de color rojo, mientras la organización feminista Flora Tristan calificó la resolución de «indignante» y demandó una investigación y sanción para los magistrados.
La Defensoría del Pueblo rechazó, por su parte, los argumentos basados en estereotipos de género utilizados en la sentencia judicial y enfatizó: «Estos términos revictimizantes deben desterrarse de todos los procesos de investigación”.
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