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Uruguay rechaza orden de arresto contra Edmundo González y califica los cargos como ridículos

El canciller uruguayo, Omar Paganini, hizo hincapié en la gravedad de que se persiga a los principales líderes de la oposición venezolana
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Uruguay, que esta semana anunció que se sumará a una denuncia que existe contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, rechazó la orden de aprehensión en contra del candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, y consideró que la situación es muy grave.

«Los cargos son inverosímiles, algunos son directamente ridículos. Por ejemplo, el hecho de que la oposición haya publicado copias de las actas lo ven como una usurpación del Consejo Electoral sin ningún sustento», afirmó el jueves en una rueda de prensa el canciller uruguayo, Omar Paganini.

En ese sentido, hizo hincapié en la gravedad de que se persiga a los principales líderes de la oposición y afirmó: «la dictadura venezolana a cada paso que da se endurece».

«La oposición venezolana se ha organizado, se ha movilizado pacíficamente, ha presionado y eso es muy importante. Al final, el régimen tiene que comprender que no puede seguir, que no tiene apoyo interno ni externo y tiene que abrir puertas para alguna salida. Ojalá lo escuchen y lo entiendan», concluyó.

Comunidad internacional rechaza orden de arresto contra Edmundo González

Días atrás, Uruguay rechazó la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia junto con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

«Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política», indica un comunicado emitido por los nueve países el 3 de septiembre.

La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emita una orden de aprensión en contra Edmundo González Urrutia por su presunta comisión de delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público, con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.

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