Una alerta de una agencia de información extranjera fue lo que advirtió a Uruguay sobre los riesgos de habilitar el aterrizaje de un avión venezolano-iraní. No fue una decisión tan simple, pero sí fue rápida, y sin la necesidad de requerir la atención del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Cuidados necesarios, seguridad institucional y firmeza política, así se manejó el gobierno oriental, según transmitió a La Nación el ministro de Defensa Nacional, Javier García. No había que perder tiempo, no había que asumir riesgos. Había que tomar previsiones por posibles casos de razones humanitarias, y había que decidir con rapidez. Y así fue.
“Hay una razón de defensa aérea que está estipulada, que en caso de riesgo de seguridad, se impida la llegada de un avión”, agregó el ministro. Dijo que se atendieron cuestiones como si había alguna cuestión de salud que requiriera atención de emergencia –”razones humanitarias”– o si tenía suficiente combustible como para regresar a Buenos Aires, lo que no parecía improbable, pero era una forma de asegurarse que eso estuviera controlado.
El caso del Boeing 747 que sobrevoló el Río de la Plata con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, según las constancias oficiales, repercutió hoy en Uruguay justo cuando el ministro de Defensa participaba en el congreso de su sector político, el “Espacio 40″ del Partido Nacional, una de las columnas de la coalición liderada por Lacalle Pou.
Tras el encuentro político, García respondió que fue él mismo quien trasmitió la instrucción al personal militar del aeropuerto internacional uruguayo, de que no se permitiera bajar a tierra a dicho avión. La orden fue a las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).
Afirman que en el vuelo iban agentes de la Fuerza Quds
El miércoles, tras volar en círculo sobre el Río de La Plata durante unos 20 minutos, y esperar aval uruguayo, el avión siguió para la terminal de Ezeiza.
El avión era operado por Emtrasur, que es una subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) en carácter de operadora de cargas y los datos indicaban que en el vuelo iban agentes de la Fuerza Quds, una unidad de operaciones especiales e inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
“Tuvimos una información que nos brindó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y a partir de esa información que se dio sobre el momento, se decidió no autorizar el ingreso al espacio aéreo de este avión”, dijo García.
Pocos días atrás, en la estancia presidencial de Anchorena (Colonia), justamente habían estado reunidos Lacalle Pou, Heber y García, en su calidad de jefes políticos de los principales sectores del Partido Nacional. Las carteras de Interior y Defensa tienen línea abierta y en ese marco, la comunicación fue tan rápida como la acción de barrera baja para el polémico avión.
“Como ministro de Defensa, fui yo quien dio la orden –en virtud de esa información y de los tiempos perentorios de toda la información, ya que no se podía chequear– de que retornara si no había una razón humanitaria”, dijo García. Ante ese situación, se transmitió a la Dinacia “que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo”.
El gobierno de Uruguay distante con Venezuela
García aclaró que no consultó al presidente Luis Lacalle Pou por este caso, sino que prefirió “asumir la responsabilidad” por cuenta del Ministerio de Defensa.
El gobierno uruguayo mantiene una relación política distante con Venezuela y con otros países que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, y se ha encargado de dar señales políticas claras ese sentido.
El ministro se disculpó por no abundar en detalles sobre la información recibida y la agencia extranjera que prendió la luz amarilla. “Es una información que había recibido el Ministerio del Interior de agencias extranjeras, que se volcaba al Uruguay y, como la jurisdicción es del Ministerio de Defensa, el responsable de tomar esa decisión soy yo”, dijo García.
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