El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en detención domiciliaria desde hace una semana por presunto fraude procesal y soborno de testigos, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que remita su expediente a la Fiscalía General, confirmó este jueves su defensa.
«El miércoles la defensa del presidente Álvaro Uribe formalizó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema la solicitud de remisión del caso a la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con el establecimiento jurídico colombiano que así lo determina», informó en un comunicado el abogado Jaime Granados.
Uribe renunció el martes a la curul que ocupó en el Senado desde 2014 con el argumento de que es víctima de violaciones procesales por parte de la CSJ.
Sus abogados esperan ahora que al no tener fuero de parlamentario, razón por la que la Corte llevaba el caso, su proceso pase a la justicia ordinaria y sea la Fiscalía la que asuma su expediente.
«La Constitución política así como la propia jurisprudencia del alto tribunal determinan claramente que en este caso, como en cualquier otro en el que los hechos investigados no se relacionan con la actividad parlamentaria, se procederá a este traslado», agregó Granados.
La Corte Suprema ordenó el 4 de agosto la detención domiciliaria de Uribe al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia y desde entonces el expresidente dijo que no tiene garantías procesales en el alto tribunal.
Debate por competencia de la corte
Este caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al actual senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
El proceso contra Cepeda cambió radicalmente cuando el magistrado de la CSJ José Luis Barceló no solo lo archivó, sino que le abrió una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.
Cepeda, ahora parte civil del proceso en calidad de víctima, está convencido de que la competencia sobre el caso «la sigue teniendo la Corte Suprema» y uno de sus argumentos es que Uribe «incurrió en varios presuntos delitos» utilizando a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, como dijo el martes en declaraciones a Efe.
El senador también aseguró que muchos de los hechos que tienen al expresidente en detención domiciliaria están relacionados con debates que él hizo en el Congreso en los que vinculaba a Uribe con grupos paramilitares, argumentos que fueron rechazados por la defensa de Uribe.
«Las falsedades del senador Iván Cepeda, pretendiendo vincular las actividades parlamentarias del doctor Uribe o de su equipo de trabajo a esta investigación no tienen asidero ni en el expediente ni en la verdad», añadió este jueves el abogado Granados.
Según el equipo legal del expresidente, en la Fiscalía este proceso no tendrá reserva sumarial por lo que todo el país podrá «conocerlo y comprobar así quiénes dicen la verdad y quiénes no».
Colombia polarizada
La renuncia de Uribe al Senado profundizó la polarización en torno a su figura. Mientras que Cepeda y sectores de la oposición aseguran que esa decisión es una estrategia para evadir a la justicia, más de un centenar de colombianos han interpuesto recursos legales para pedir la libertad del expresidente.
La Sala Civil de la Corte Suprema informó el miércoles que «por no hacer parte del proceso (falta de legitimación) ni existir vulneración de derechos políticos» negó 177 tutelas (recurso de amparo) de particulares contra la detención preventiva de Uribe.
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