El Parlamento y el gobierno interino de Bolivia se pusieron por una vez de acuerdo este jueves para aprobar una ley que respalde el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones. Esto en un intento de acabar con 12 días de protestas sociales para exigir que sean en septiembre, como estaba previsto.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó la ley poco después de que la aprobara la Asamblea Legislativa, cuando en ocasiones anteriores se había negado a sancionar normas que emanan de un Parlamento de mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
Áñez compareció acompañada de representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica, entre otros, para mostrarse respaldada en lo que calificó de «segunda pacificación» en Bolivia tras las crisis que atravesó el país el año pasado a raíz de los fallidos comicios de octubre.
La mandataria transitoria dijo que esta vez militares y policías no intervinieron para acallar las protestas. Esto pese a los «gritos perdidos» de manifestantes coreando «guerra civil».
- Genocidio, terrorismo y atentado a la salud pública: los nuevos cargos contra Evo Morales en Bolivia
«Ahora sí, guerra civil», fue un grito que ya se escuchó en noviembre pasado en el país, durante la crisis que entonces provocó al menos 36 muertes violentas.
Áñez comentó en el acto de promulgación en el palacio de gobierno que la ley «confirma» el 18 de octubre como fecha de la votación. El texto dice que los comicios pueden ser «hasta» ese día como máximo, mientras que el órgano electoral de Bolivia es el que decide sobre la jornada electoral.
La ley sale precisamente de un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y el Parlamento. Esto con ese mismo espíritu de dar un margen para la fecha y contribuir con ello a acabar con la crispación.
La Ley no frena las protestas
Una similar rapidez de Legislativo y Ejecutivo interino para firmar el texto legal tuvieron los principales convocantes de las movilizaciones para responder que la ley no es suficiente.
Ya no solo piden que se respete la anterior fecha electoral del 6 septiembre, sino además reclaman que renuncie Áñez.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Huarachi, advirtió de que esa organización y el Pacto de Unidad no se dan por vencidos.
Las elecciones generales estaban previstas para el 3 de mayo. Sin embargo, se pospusieron por la pandemia del covid-19, primero a septiembre y luego a octubre.
Las protestas comenzaron hace 12 días tras anunciar el órgano electoral ese nuevo aplazamiento. El Ejecutivo transitorio y los manifestantes se culpan mutuamente de los problemas de suministros médicos y de alimentos que sufre el país.
Al menos 40 enfermos murieron por falta de oxígeno medicinal, denuncia el gobierno transitorio, mientras quienes protestan aseguran que permiten el paso de transportes para el sistema de salud, conscientes de la situación en el país por el covid-19.
Las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de las celebradas en octubre pasado, en las que Morales fue declarado vencedor entre denuncias de fraude a su favor, aún bajo investigación judicial.