Una corte de Vigilancia Penitenciaria de El Salvador revocó este viernes la medida de estado de emergencia en una cárcel del país. La decisión resultó decretada por el presidente Nayib Bukele el martes ante nuevos ataques a agentes de Seguridad.
Bukele ordenó al director de Centro Penales, Osiris Luna, que todos los prisioneros, entre estos miembros de pandilla, permanezcan incomunicados.
Sin embargo, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador señaló que esta medida no puede terminar aplicada en el Centro Penal La Esperanza, ubicado en San Salvador.
Las autoridades de la Dirección de Centros Penales pidieron el jueves a ese juzgado que ratificará el estado de emergencia decretado por el presidente Bukele.
La corte, que tiene competencia en esa cárcel, indicó en la resolución emitida este viernes que los fundamentos presentados por Centros Penales no tienen motivación para poder declarar el estado de emergencia.
Añadió que no existen pruebas de que en este lugar existan planes para desestabilizar al sistema. Tampoco que se piense atentar contra elementos de la Policía, de la Fuerza Armada, y custodios de cárceles.
El juzgado ordenó que las actividades en el Penal La Esperanza deben volver a la normalidad y los derechos de los internos deben ser restablecidos. La mayoría de los internos de ese centro de reclusión son civiles.
El mandatario no tardó en reaccionar sobre la decisión de la corte y en Twitter señaló que no hay prueba de que esto esté ocurriendo, dice el juzgado y añadió ¿qué es lo que quieren?, ¿por qué protegen a los delincuentes?
En lo que va de 2020, dos soldados e igual número policías han terminado asesinados en El Salvador por supuestos miembros de pandillas.
En 2019, la cifra de miembros de cuerpos de seguridad ultimados fue de al menos 25 policías, 15 soldados y 1 custodio de prisiones. Mientras, el año anterior se registraron los homicidios de 32 policías y 2 empleados administrativos de ese cuerpo de seguridad. También, resultaron asesinados 17 militares, 3 agentes de centros penales y 1 estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de entre 103 y 50,3 registradas entre 2015 y 2018. Esos índices son atribuidos principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha, MS13, Barrio 18 y otras minoritarias.
Estos grupos criminales poseen unos 60.000 miembros en todo el país. Además, son acusados de cometer la mayoría de los crímenes contra policías y militares.
Esas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil de 1980-1992 y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro gobiernos.