Las protestas de sectores radicales continuaron este miércoles en el sur andino de Perú con marchas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden y dejaron un manifestante muerto y una treintena de heridos en Cusco, meca del turismo mundial.
La muerte del manifestante elevó a 41 el total de víctimas fatales producto de las protestas iniciadas hace un mes, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.
«Lamentamos que enfrentamientos en Cusco hayan originado el fallecimiento del presidente de la comunidad de Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, Remo Candia Guevara», informó la Defensoría del Pueblo en Twitter.
«Demandamos una investigación inmediata para dar con los responsables del deceso y proceder a la sanción respectiva», agregó la institución respecto a lo ocurrido en Cusco, donde los hospitales registraron más de 30 heridos, entre ellos 19 policías.
La jornada empezó con bloqueos de carreteras y velatorios masivos de los muertos que dejaron choques con las fuerzas de seguridad en Juliaca, en la región andina de Puno.
El saldo trágico cerró un miércoles que había arrancado con un llamado de Estados Unidos a la «moderación» a todas las partes.
Al mismo tiempo una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Lima para evaluar «la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales».
En medio de la tensión social, la Fiscalía abrió el martes una investigación por presunto delito de «genocidio» a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno para frenar las manifestaciones violentas, que solo entre lunes y martes dejaron 17 muertos civiles y un policía quemado dentro de su patrulla, informó la institución.
El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes.
«Dina me asesinó con balas», se leía en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, llevado en hombros por seis familiares.
En la procesión se multiplicaban escenas de rabia y dolor de personas que empezaban a despedir a sus muertos y prometían seguir la lucha hasta conseguir la renuncia del que consideran ilegítimo gobierno de Boluarte.
Duelo y toque de queda
Perú declaró duelo nacional este miércoles en honor a los muertos de la región Puno, donde rigen tres días de toque de queda nocturno en un intento del gobierno por contener las protestas.
Los bloqueos de rutas se extendieron a ocho de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.
En Cusco, antigua capital del imperio inca, la violencia se desencadenó cuando los pobladores, muchos campesinos, procuraron llegar al aeropuerto luego de movilizarse exigiendo la salida de la presidenta. La policía recurrió a gases lacrimógenos para dispersar la multitud, que les lanzaba piedras con «huaracas» (hondas).
En Arequipa, segunda ciudad de Perú, centenares marcharon también contra el gobierno.
En Tacna, en la frontera con Chile, se inició un paro indefinido signado por episodios de vandalismo como la quema de casetas de peaje vehicular y el intento de saqueo a un centro comercial.
La región Puno inició hace una semana un paro indefinido reclamando la renuncia de Boluarte, elecciones presidenciales y legislativas inmediatas y convocatoria a Asamblea Constituyente.
Los gobiernos regionales de Puno y Cusco piden dimitir a Boluarte como primer paso para solucionar la crisis.
«Moderación» y DD HH
Los comisionados de la CIDH fueron recibidos por Boluarte en el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo peruano.
«Vamos a verificar las situación de los derechos humanos. Lamentamos la pérdida de vidas en las protesta», dijo a la prensa Edgar Stuardo Ralón, quien preside la misión que permanecerá hasta el 13 de enero y se reunirá con autoridades, víctimas y familiares en Lima, Ica y Arequipa.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el Parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso. Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021.
Las protestas se reiniciaron luego de una tregua de fin de año. En su mayoría pacíficas, algunas degeneraron en actos violentos como tomar por asalto aeropuertos y ataques a locales públicos. La policía y las fuerzas armadas respondieron también con violencia.