El Tribunal de Catania en Sicilia (sur de Italia) dejó hoy libres a tres migrantes que estaban en el centro de acogida de Pozzallo por considerarlo «detención ilegítima», contradiciendo las nuevas normas aprobadas por el Gobierno italiano sobre migración.
En particular, los jueces cuestionan el nuevo procedimiento de internamiento y la fianza de 5.000 euros que hay que pagar si se quiere salir del centro de acogida. Consideran que era ilegítimo porque no se puede tener encerrados a migrantes que han pedido el estatus de asilo.
Las medidas están incluidas en un reciente decreto ley. Buscan impedir que los migrantes indocumentados queden en libertad y no los repatrien.
El tribunal de Catania aceptó así el recurso de los tres inmigrantes tunecinos, que desembarcaron a mediados de septiembre en Lampedusa y luego fueron trasladados al nuevo centro de Pozzallo, juzgando «ilegítimo» el reciente decreto gubernamental.
Para el magistrado de Catania, según publican los medios, el decreto gubernamental «fija el importe de una garantía financiera para el año 2023 en 4.938 euros, a pagar en un solo pago mediante aval bancario o póliza de garantía de seguro, y excluye la posibilidad de que se pague por terceros, no es compatible con algunos artículos del código legal».
Un juez deja libres a migrantes de un centro de acogida
«Una sentencia muy importante porque establece que la legislación italiana sólo puede ser inaplicada si no es coherente con el derecho europeo», afirmó a los medios el abogado Riccardo Campochiaro, presidente del centro Astaldi de Catania.
«El juez cita el artículo 10 de la Constitución ya que, a la luz de este principio constitucional, a una persona no se le puede negar el derecho a entrar en territorio italiano para solicitar protección internacional simplemente porque proviene de un país de origen considerado seguro», añadió Campochiaro.
Según los medios, el Gobierno italiano impugnará esta sentencia.
«El tribunal de Catania, al no validar la detención de los tunecinos sujetos a los nuevos procedimientos fronterizos, ha tomado decisiones políticas e ideológicas», declaró la diputada de Hermanos de Italia, Sara Kelany, jefa del Departamento de Inmigración.
La Asociación Nacional de Magistrados aseguró que «puede haber medidas de los jueces que vayan en contra de algunos proyectos y programas del Gobierno. Y esto no debe verse como una intromisión, esto es democracia».
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