Un juez boliviano negó este martes a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez la posibilidad de cambiar la detención preventiva en una cárcel por arresto domiciliario, dentro del proceso que el oficialismo le inició por la crisis de 2019.
En una audiencia que se llevó adelante de forma telemática durante más de ocho horas, el juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos, decidió «declarar infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva» formulada por la defensa de Áñez.
El magistrado tomó la decisión al considerar que existen supuestos riesgos de fuga y que la exmandataria no padece de una enfermedad «en estado terminal» o que sea «grave», entre otras consideraciones.
En la audiencia participaron representantes del Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, los ministerios de Gobierno (Interior) y de Justicia, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la exdiputada oficialista Lidia Patty, quien planteó la demanda por la crisis de 2019, entre otros.
Entre los argumentos expuestos por el fiscal Omar Mejillones para pedir que Áñez continúe en prisión se mencionó un supuesto tuit atribuido a la expresidenta que, a su juicio, evidenciaba su intención de huir y que mostraba que mantiene contacto con su exministro de Gobierno Arturo Murillo.
Sin embargo, las verificadoras Bolivia Verifica y Chequea Bolivia explicaron en febrero pasado que el citado tuit era falso y no fue emitido por la exmandataria, quien también negó «rotundamente» durante la audiencia haber hecho esa publicación.
La palabra de Áñez
«Me parece una barbaridad que hagan referencia a algo que ellos saben que puede ser falso», sostuvo la exmandataria interina y pidió al fiscal que antes de mencionar los tuits en la audiencia «se cerciore de que sean ciertos».
Áñez aseguró que desde que fue encarcelada no tiene teléfono móvil y no tiene contacto «con nadie» fuera de sus hijos y abogados, quienes le visitan en prisión previa solicitud escrita y autorización de la dirección de la cárcel en que se encuentra desde marzo pasado.
La expresidenta también sostuvo que son derechos humanos la salud y la vida, pero no «la reelección indefinida», en una alusión al exmandatario Evo Morales, que pudo presentarse a los fallidos comicios de 2019 pese al límite constitucional, alegando que era un derecho de los mandatarios ser elegidos y del pueblo elegirlos.
Áñez reiteró que al asumir la presidencia transitoria solamente cumplió «con un deber» como ciudadana y rechazó que se le acuse de supuesto terrorismo y sedición.
Además, aseguró que su salud está «muy deteriorada» y lamentó que sus acusadores lo «estén minimizando» dentro de un proceso que calificó de «político».
«No le estoy pidiendo impunidad ni le estoy pidiendo libertad pura y simple. A qué extremo habremos llegado que nos estamos conformando por mi salud de solicitar casa por cárcel», concluyó.
El llamado caso «golpe de Estado» se inició a instancias de la demanda de la exdiputada Patty por la crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019, que para el oficialismo fue un derrocamiento y para la oposición el resultado de las denuncias de fraude electoral en su contra.
Áñez y dos de sus exministros están en prisión desde marzo por el caso, por el que este fin de semana fueron detenidos otros dos exjefes militares.