La reforma constitucional que impulsa el presidente Daniel Ortega en Nicaragua toca la médula del Estado al crear la figura de «copresidenta» para su esposa Rosario Murillo, eliminar la independencia de poderes y el pluralismo político, y aumentar el control social.
Analistas críticos del gobierno destacaron este jueves esos puntos del texto, que comenzó el miércoles a ser estudiado por un Congreso controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en el gobierno.
Aquí tres claves que explican la magnitud de la enmienda:
La «sucesión»
La excomandante guerrillera Dora María Téllez, quien estuvo presa y vive exiliada en Estados Unidos, aseguró a la AFP que la reforma «resuelve» la sucesión con una primera línea en la que está Murillo, quien siempre ha «ambicionado» ser presidenta.
Ortega gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista y volvió al poder en 2007, desde cuando preside el país tras cuestionadas reelecciones. Es acusado por sus críticos y opositores de instaurar una «dictadura» y de «nepotismo».
El exguerrillero de 79 años de edad amplió la influencia de su familia: gobierna con su esposa, quien fue primero su portavoz y desde 2017 su vicepresidenta, pero también con sus hijos, quienes ocupan cargos públicos y dirigen medios de comunicación oficialistas.
«Daniel Ortega cede poder total a Rosario Murillo y se guardan la capacidad de nombrar vicepresidente a uno de sus hijos», opinó Téllez, al señalar que los copresidentes nombrarán ahora ese cargo, actualmente de elección popular.
Laureano Ortega Murillo, de 42 años de edad, es el asesor presidencial señalado por opositores como el «delfín». Su padre le dio este año «plenos poderes» para negociar con China. «Lo pueden ya poner en la línea de sucesión», dijo Téllez.
Un «nuevo» Estado
Salvador Marenco, abogado nicaragüense de derechos humanos exiliado en Costa Rica, aseguró a la AFP que la reforma refleja que la Constitución, a la que Ortega ha hecho más de una decena de reformas, hace rato estaba «muerta».
«Todo lo que está ahora en la reforma es lo que, de hecho, ha estado pasando en Nicaragua: una dictadura de facto. Lo nuevo es que ahora estará en la Constitución«, añadió Téllez.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial nicaragüense exiliado en Estados Unidos, dijo que «se está refundando la nación» con «cambios profundos» en la «organización política y social».
«De un plumazo instauran en Nicaragua la Corea del Norte de las Américas y oficializan el poder de la codictadora«, escribió Morazán en su cuenta en la red social X.
Ortega, según Marenco, «está reformando el Estado» porque «los copresidentes serán directamente quienes coordinen a todos los otros poderes». «No habrá separación de poderes ni pluralismo político», agregó.
En la reforma, Nicaragua es definida como un Estado «revolucionario» y socialista», e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Para Azahálea Solís, experta en derecho constitucional, eso deja por fuera proyectos políticos de otras ideologías.
Asimismo, la reforma establece el control de la sociedad, no solo de la prensa, Iglesia y entidades económicas, sino que también oficializa el despojo de la nacionalidad nicaragüense, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores.
El «efecto Trump»
Ortega saludó la jornada electoral del 5 de noviembre en Estados Unidos, pero hasta ahora no se ha referido al presidente electo Donald Trump, cuyo futuro secretario de Estado, Marco Rubio, ejercerá presión, según analistas, contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La reforma «es un acto desesperado, producto del efecto Trump», aseguró a la AFP Arturo McFields, exdiplomático de Ortega exiliado en Estados Unidos.
«Antes de enero que llegue el nuevo presidente de Estados Unidos, ellos quieren protegerse de algún modo y garantizar seguir en el poder a toda costa con una nueva Constitución», agregó.
Junto con la reforma, Ortega presentó una ley que impone multas y suspensión de operaciones a empresas y bancos que apliquen sanciones extranjeras, como las que impuso Washington a funcionarios y entidades estatales del gobierno.
El abogado y exdiputado Eliseo Núñez cree que Ortega se prepara ante un endurecimiento de las sanciones, al presionar a los bancos para que intercedan por él y así evitar un colapso económico y mayor flujo de migrantes.
Si Estados Unidos «cede», se estaría «frente al final de la efectividad de la herramienta de sanciones no solo en Nicaragua sino» en el mundo, agregó.
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