Telegram alertó este martes de que un proyecto de ley en Brasil contra las noticias falsas supone un intento de «censura» y un «ataque a la democracia», y el gobierno respondió de forma inmediata anunciando que tomará medidas legales.
La cuenta de Telegram Brasil envió a sus usuarios un comunicado que afirma que «la democracia está siendo atacada en Brasil» por el proyecto legislativo impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la red social, el proyecto de ley contra las noticias falsas «acabará con la Internet moderna», porque se corre el riesgo de que empresas como Telegram tengan que dejar de prestar sus servicios.
El texto asegura que el proyecto de ley otorga poderes de censura al gobierno, al darle potestad para obligar a las plataformas a eliminar las opiniones que considere «inaceptables». Y porque, según Telegram, permitiría que el Ejecutivo suspenda cualquier servicio de Internet sin una orden judicial.
El gobierno brasileño respondió de inmediato por medio del ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, que anunció que se tomarán medidas legales contra la red social.
«Telegram falta el respeto a las leyes brasileñas»
«¡Increíbe! Telegram falta el respeto a las leyes brasileñas y utiliza su plataforma para hacer publicidad mentirosa contra el (proyecto de ley) PL2630. Se tomarán medidas legales. Ninguna empresa extranjera es mayor que la soberanía de nuestro país», dijo Pimenta en Twitter.
La semana pasada, Google también vertió críticas contra el proyecto legislativo, que tramita en la Cámara de Diputados. El gobierno reaccionó obligando a la empresa a retirar de sus plataformas los textos críticos.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, acusó a Google de promover una «campaña abusiva y engañosa» en contra del proyecto de ley con el que se busca ponerle un freno a la masiva circulación de desinformación en Internet.
El proyecto legislativo se incluyó en el orden del día de votaciones de la Cámara baja la semana pasada, pero resultó retirado porque el oficialismo carecía de los votos suficientes para su aprobación.
El gobierno brasileño también se enfrentó el mes pasado contra Telegram por la negativa de la compañía a facilitar datos de grupos neonazis que difunden mensajes de odio en el país y que, según las autoridades, han fomentado ataques violentos en las escuelas.
Telegram, cuyo servicio fue interrumpido por orden judicial, se defendió alegando que los datos solicitados por el gobierno brasileño son imposibles de obtener.