El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, declaró el estado de emergencia nacional en materia de violencia de género en su país. Así lo informó este lunes un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Dicha medida se debe a «la conmoción causada por los recientes actos de violencia ejercidos contra las mujeres», reza la resolución tomada por el mandatario en el Consejo de Ministros.
Dentro de las medidas específicas de «implementación inmediata» que aparecen en el texto está impulsar una reunión de alto nivel entre la Presidencia, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
El objetivo será «fortalecer las necesarias coordinaciones para dotar de mayor eficiencia al proceso de acceso a la justicia para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes».
También «ampliar el programa de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, que incrementarán el stock a 1.200 tobilleras para todo el país. Fortaleciendo completamente el equipo de monitoreo».
Otras medidas son «difundir medidas de protección dirigidas a las mujeres y la comunidad frente al riesgo inminente de vida, mediante campañas de bien público» y «disponer cursos virtuales para el fomento de masculinidades no violentas».
Asimismo, se brindarán en Uruguay cursos virtuales de «prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes». Estos estarán dirigidos a educadores formales y no formales para que estos perfeccionen su capacidad de identificar situaciones de riesgo.
En las cárceles se implementará un programa de intervención para varones que ejercen violencia de género. Además, se fortalecerán las estrategias para la atención y prevención de violencia de género en mujeres privadas de libertad.
Conjuntamente con esto, el comunicado señala que se acompañará la propuesta de «un Plan Nacional de Emergencia por una Vida Libre de Violencia de Género».
Con este, se dará «atención integral a las niñas, niños y mujeres, así como los varones agresores». De igual manera, de protección a las víctimas, acceso a la justicia, «promoción de rutas de salida cuando se conjugan factores de vulneraciones múltiples. Tal es el caso de la pobreza, la discapacidad, la zona de residencia, la ascendencia étnica, la identidad de género, entre otras. Por último, la reparación a las víctimas».
Este plan, además, se entregará al gobierno electo, encabezado por Luis Lacalle Pou, que asumirá funciones el próximo 1 de marzo.