Miles de inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos no son elegibles para obtener la residencia permanente en este país bajo el argumento que este amparo migratorio representa una entrada legal al país, según un fallo unánime del Tribunal Supremo publicado este lunes.
Unas 400.000 personas, en su mayoría de El Salvador, viven en Estados Unidos amparadas por el TPS, programa que da permiso temporal de trabajo a los ciudadanos de una docena de países en los cuales el gobierno de Estados Unidos determina que han ocurrido desastres naturales o existen condiciones de violencia.
Y este amparo se debe renovar cada 18 meses, lo que genera constante inquietud entre estos inmigrantes, que desde hace años buscan cómo regularizar definitivamente su situación en el país.
Dos de ellos fueron la pareja de salvadoreños que llevaron hasta la Corte Suprema su caso asegurando que eran elegibles para recibir la llamada «tarjeta verde» por estar amparados con el TPS.
Pero el Alto Tribunal consideró que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos establece que la elegibilidad para la residencia permanente requiere la entrada legal al país y que el TPS no borra el hecho de que ingresaron al país de manera irregular.
La demanda la habían interpuesto José Santos Sánchez y su esposa Sonia, un matrimonio salvadoreño que ingresó ilegalmente al país en 1997 y, después de una serie de terremotos en su país, solicitó y recibió el TPS.
La pareja, que ha vivido por dos décadas en Nueva Jersey, argumentaba que había cumplido con el requisito de admisión legal cuando solicitó y obtuvo el TPS, una noción que han cuestionado los gobiernos del expresidente Donald Trump y del presidente Joe Biden.
Un duro revés
«Es una decisión muy decepcionante», dijo a Efe Mary Kemper, subdirectora de la Alianza Nacional de Litigio de Inmigración, que explicó que el fallo afecta a cualquiera en Estados Unidos que tenga un TPS de cualquier país y haya ingresado sin inspección.
El TPS permite trabajar legalmente en Estados Unidos en tanto el gobierno de este país determine que no existen condiciones seguras para el retorno a sus países de origen: Birmania, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.
EL supremo se pone del lado del gobierno
Y en el fallo de este lunes, escrito por la jueza Elena Kagan, el Supremo dictaminó que los Sánchez «no fueron admitidos legalmente y su TPS no altera ese hecho, por lo cual no pueden convertirse en residentes permanentes en este país».
La decisión del Supremo, sin embargo, no afecta a los beneficiaros de TPS que hayan ingresado legalmente con una visa temporal a Estados Unidos y que, por ejemplo, se hayan quedado en el país más allá de la vigencia de sus visas.
El hecho de que esos extranjeros hayan sido admitidos legalmente en Estados Unidos y luego hayan obtenido la protección por razones humanitarias los habilita para solicitar la residencia legal permanente, añadió la jueza.
Unas 85.000 personas que habían obtenido previamente TPS ya han logrado ajustar su estatus migratorio obteniendo la residencia legal permanente gracias a una entrada legal en el país.
Kagan anotó que la Cámara de Representantes ha aprobado una legislación que permitiría que los recipientes de TPS pasen a ser residentes legales permanentes, pero la iniciativa encara un futuro incierto en el Senado.
La legislación, aprobada en marzo pasado con el voto a favor de nueve republicanos, puede abrir la senda a la residencia legal, y eventualmente a la ciudadanía, para unos 2,5 millones de inmigrantes, incluidos los llamados «tepesianos» y los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños y conocidos como «soñadores».
Pero hasta el momento no hay señales de que este proyecto de ley pueda aprobarse en la Cámara Alta, donde los demócratas necesitan sumar al menos 10 votos de los 50 senadores republicanos, idéntico panorama que enfrenta el intento del presidente Biden de aprobar una reforma migratoria integral que legalizaría a unos 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
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