La Unión Europea admitió el martes «una situación difícil» después de que una investigación periodística denunciara que Túnez, Marruecos y Mauritania detienen a migrantes y, usando fondos de la UE, los envían al desierto del Sáhara.
«Esta es una situación difícil, es una situación que evoluciona rápidamente y vamos a continuar trabajando», afirmó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.
El vocero respondió a la publicación de un reportaje de Lighthouse Reports en colaboración con El País, Le Monde y The Washington Post.
«Marruecos, Mauritania y Túnez usan la financiación europea para detener y desplazar forzosamente a migrantes y refugiados. Las víctimas son principalmente personas negras; el objetivo: evitar que lleguen a Europa», afirma el reporte.
La investigación describe un «sistema de desplazamiento masivo» que está financiado gracias al dinero, el equipamiento y la inteligencia aportados por la UE.
El reporte afirma que migrantes y refugiados en Marruecos, Mauritania y Túnez son detenidos debido a su color de piel y obligados a subir a buses que los llevan a zonas aisladas, en muchas ocasiones a regiones desérticas, sin agua ni comida.
«Los torturaron a cambio de un rescate»
Otros migrantes afirmaron que fueron llevados a zonas fronterizas donde supuestamente «fueron vendidos por las autoridades a traficantes y bandas que los torturaron a cambio de un rescate».
La UE afirmó acuerdos de cooperación con Marruecos, Túnez y Mauritania para frenar la migración irregular hacia los países del bloque. Bruselas asignó 150 millones de euros (160 millones de dólares) a Túnez, 210 millones de euros a Mauritania y 624 millones de euros a Marruecos.
Lighthouse Reports entrevistó a más de 50 migrantes negros que fueron expulsados de estos tres países. Sus testimonios, que incluyen videos y fotos, «nos ayudaron a reconocer el carácter sistemático y basado en la raza de estas prácticas», afirmó el consorcio.
La Comisión Europea no respondió explícitamente a las acusaciones específicas detalladas en la investigación.
Una vocera de la Comisión, Ana Pisonero, afirmó que «a veces la situación es difícil en los países socios» que «siguen siendo Estados soberanos y tienen el control de sus fuerzas de seguridad».
La funcionaria indicó que la UE supervisa los programas que financia y toma nota de las promesas de los países socios de respetar el derecho internacional y los derechos humanos.