La Sociedad Interamericana de Prensa lamentó este jueves que la nueva Constitución de Cuba permita al Estado seguir siendo el «amo y patrón de la libertad de sus ciudadanos» y el «máximo represor de la libertad de prensa».
La entidad, con sede en Miami y más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental como socios, se hizo eco del informe sobre Cuba presentado esta semana en Miami por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y secundó sus conclusiones.
En ese informe se señala que gracias a la nueva Constitución y otras leyes el gobierno de Miguel Díaz-Canel puede «censurar la libertad de expresión, limitar el derecho de manifestarse y restringir la actividad del periodismo independiente», dice la SIP en un comunicado.
Luego de los acuerdos de 2014 entre los presidentes Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba, con la intermediación del Papa Francisco, «existió la esperanza de que ocurrieran cambios sustanciales hacia la tolerancia de las libertades de expresión y de prensa», subrayó María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP. Pero «lamentablemente» la nueva Constitución, en su artículo 55, declara que «el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social», añadió.
La SIP lamentó que «la nueva Constitución cubana continúe restringiendo la libertad de prensa y profundizando las limitaciones a las libertades de expresión y de prensa y los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, agregó que «la prensa independiente sufre en forma constante la intimidación de las autoridades a través de su policía política que invoca, entre otros recursos, el Código Penal que incluye una variedad de castigos en contra de quienes opinan diferente al oficialismo».
Uno de estos delitos es el de «usurpación de capacidad legal» que penaliza el ejercicio del periodismo si no se cuenta con una certificación obligatoria, figura descartada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1985 y eliminada desde entonces en numerosos países de América, explicó Rock, director del portal mexicano La Silla Rota.
Los directivos de la SIP mencionaron que la ley «mordaza» (Ley 88), que contiene figuras delictivas para castigar a los periodistas independientes, ya fue aplicada en 2003 para encarcelar a 75 opositores, entre ellos 27 periodistas, durante el operativo represivo conocido como la Primavera Negra.
Domínguez y Rock advirtieron que en los últimos meses se incrementó el hostigamiento en contra de periodistas y medios independientes que continúan informando pese a la atmósfera de total indefensión jurídica.
En el comunicado se incluye una relación de hechos concretos que apoyan la idea de que «el Estado es amo y patrón de la libertad de sus ciudadanos y es el máximo represor de la libertad de prensa», expresada por Domínguez.
Durante la reunión semestral de la SIP celebrada en marzo pasado en Cartagena (Colombia) se aprobó una resolución sobre Cuba en la que se afirmó que la nueva Constitución «niega el ejercicio pleno de la libertad de prensa, y subordina la libertad de expresión y demás libertades enunciadas a la primacía del Partido Comunista de Cuba».