Sindicatos y gremios de Panamá anunciaron este lunes nuevas protestas callejeras ante el supuesto incumplimiento de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo con el gobierno instalada el pasado 21 de julio, en medio de la mayor crisis social vivida en el país en años y para apaciguarla.
«Frente al incumplimiento de lo que se ha logrado pactar (en la mesa de diálogo) y frente a la actitud de no querer resolver los otros problemas, regresamos a las calles» el próximo miércoles, dijo el líder del poderoso sindicato de la construcción Suntracs, y miembro de una de las alianzas populares que promovieron las protestas nacionales de julio pasado, Saúl Méndez.
Algunos comercios y estaciones de combustibles no están vendiendo los alimentos y el combustible con los costos rebajados gracias a los subsidios y control o regulación de precios aprobados en la cuestionada «mesa única de diálogo», argumentó el líder sindical y excandidato presidencial izquierdista.
Con esta «acción» de calle el próximo miércoles «en todas las arterias vehiculares del país (…) estamos demandando que se cumpla con lo que se dijo que se iba a cumplir», y también «respuesta en los puntos (en las) que no hay, como medicamentos, materia de energía, todavía falta abordar el tema de la corrupción y mesas temáticas», agregó Méndez.
Las manifestaciones de julio pasado causaron desabastecimiento de alimentos y combustible en los centros urbanos y pérdidas millonarias a la agricultura debido a bloqueos en la principal carretera de Panamá.
Estos bloqueos fueron levantados luego de que se alcanzaran acuerdos en la «mesa única diálogo» referidos básicamente a nuevos subsidios y control de precios para abaratar la cesta básica de alimentos.
El sector privado cuestiona duramente los acuerdos económicos logrados por el gobierno y los sindicatos y gremios porque, aunque les atañen como sector productivo y comercial, no fueron tomados en cuenta para decidirlos, y alertan que los mismos solo generarán desabastecimiento.
Antes de iniciarse la mesa, en un intento fallido por apaciguar la calle, el gobierno de Laurentino Cortizo aprobó la reducción y congelación temporal del combustible en 3,25 dólares del galón (3,78 litros), «el precio más bajo de Centroamérica», como destacó el mandatario, que anunció además un plan de austeridad que reduce 10% de gasto.
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