El gobierno ecuatoriano y el movimiento indígena pusieron fin este domingo a doce días de batalla campal con un acuerdo que deroga el polémico decreto que elevaba el precio de los combustibles, y comenzaron negociaciones para poner fin a la crisis.
El anuncio de un acuerdo rompió el rígido silencio del toque de queda que reinaba en las calles de Quito. Además, sacó a miles de ecuatorianos a festejar. Muchos de ellos con sus niños en pijama y sus bebés en brazos.
Salen a festejar
Familias enteras tomaron las calles, mientras en el parque del Arbolito, epicentro de los disturbios en la capital, una multitud de manifestantes gritaba insistentemente: «¡Sí se puede, sí se puede!».
Al lugar llegaban más y más personas conforme transcurrían los minutos, y se concentraban en las zonas de mayor iluminación.
En ocasiones trataban de esquivar algunos cohetes que explotaban a baja altura y se desviaban de su trayectoria.
Atrás quedaban doce días de batalla campal frente a las fuerzas de seguridad, con las que se batieron en esa misma zona entre las llamaradas de neumáticos ardiendo, barricadas y espesas cortinas de humo por el masivo uso de gas lacrimógeno.
En la zona, los manifestantes empezaron a recoger las barricadas que les sirvieron de protección durante la batalla campal, especialmente en los últimos días, cuando las protestas se tornaron mucho más violentas y hubo una fuerte represión policial.
Cientos de indígenas festejaban asimismo la «victoria de la lucha popular» en los exteriores de la Casa de la Cultura con bailes en los que portaban sus lanzas y hacían sonar sus tambores al grito de: «¡El pueblo unido, jamás será vencido!».
En el norte de Quito, caravanas de automóviles avanzaban en medio de un alboroto ensordecedor.
La ONU y la Conferencia Episcopal
La fiesta estalló en las calles poco después de que se anunció que el gobierno elaborará un nuevo decreto para sustituir el 883.
«Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el 883. Para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto», anunció Arnaud Peral, coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador.
«Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador. Nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país», leyó el coordinador el texto del acuerdo.
Constató que el país está en «una situación grave. Ha habido muertos, heridos, personas que han perdido su empleo. Ya llegó el momento de la paz, del acuerdo».
La comisión está integrada por las organizaciones del movimiento indígena participantes en el diálogo y el gobierno.
Asimismo, cuenta con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal ecuatoriana, y la inspección de las otras funciones del Estado.
La mesa técnica ya está sesionando con nueve representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas y seis del gobierno, según la ONU.
Cinco muertos y un millar de heridos
En los 12 días de revueltas murieron entre 5 y 7 personas y más de 1.000 resultaron heridas, según distintas fuentes.
Los daños no han sido cuantificados. Pero los destrozos en Quito son masivos. Sobre todo en el centro. La pérdida de ingresos por falta de productividad se mide en decenas de millones de dólares.
El levantamiento popular comenzó debido a un decreto con el que el presidente, Lenín Moreno, buscaba incrementar los ingresos del Estado frente a unas demandas del FMI y de otras entidades para conceder al país una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares.
En la reunión, celebrada en un colegio a unos 30 kilómetros de Quito y transmitida en directo, Moreno dijo solemnemente que el acuerdo ha significado «sin duda algún sacrificio de cada una de las partes».
Afirmó que no existe «otro principio más maravilloso que la paz» y agradeció a los militares y policías porque sabe de la «sacrificada, esforzada labor que cumplen», porque muchos de ellos están también lesionados.
Este domingo en la noche eran particularmente emotivas las imágenes de policías estrechando la mano y abrazándose con los mismos manifestantes a los que se habían estado enfrentando hasta apenas una hora antes.
Un acuerdo por terminar
En cuanto a las demandas indígenas, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie, sostuvo que «entre los indígenas ha habido más de 2.000 heridos, más de 1.000 presos, alrededor de 10 asesinados, más de 100 desaparecidos en el país, así como tortura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional».
En esa línea, pidió la renuncia de la ministra de gobierno, María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, pues «solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad».
«Y tendremos la oportunidad de seguir dialogando para construir proyectos participativos, que beneficien verdaderamente al país y al pueblo», añadió.