El Senado de México aprobó este jueves la reforma constitucional que suprime el fuero presidencial para que así los mandatarios del país puedan ser juzgados mientras estén en el cargo, una iniciativa del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
Con 89 votos a favor y 23 en contra, la Cámara Alta ratificó la reforma constitucional, que se aprobó en septiembre por la Cámara de Diputados. Ahora el cambio tiene que vaidarse por la mayoría de los 32 Congresos estadales del país.
Reforma
López Obrador, quien asumió el poder en 2018, envió la iniciativa de supresión del fuero al Congreso porque lo consideraba un privilegio.
La reforma modifica el artículo 108 de la Constitución, que hasta ahora establecía que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.
La nueva propuesta añade: «Podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria; hechos de corrupción; delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común».
Cuando la Cámara de Diputados aprobó a principios de septiembre la iniciativa, López Obrador lo consideró «un hecho histórico». Además, deseó que en un futuro se suprima el fuero «a otros servidores públicos para que estemos en igualdad de circunstancia».
Sin embargo, dentro de las filas del mandatario no todos están de acuerdo con la supresión del fuero presidencial.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una reconocida jurista, defendió que «el fuero es una protección constitucional al primer mandatario de este país».
Mientras que el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), que forma parte de la coalición gubernamental, advirtió que «es suicida quitar el fuero al compañero presidente, pues todos los días le acusan de barbaridades».
La supresión del fuero forma parte del combate a la corrupción y la supresión de privilegios iniciada por López Obrador. El presidente también ha buscado vender el avión presidencial y rechazó vivir en la residencia presidencial de Los Pinos.
Convocó también una consulta ciudadana para 2021 en la que decidirán si el gobierno debe investigar y denunciar por corrupción a los expresidentes del país.
También pretende convocar un referéndum en 2022 en el que los ciudadanos decidirán si él debe dejar el cargo o completar su mandato hasta 2024.