El Senado español vetó este martes, a propuesta de la derecha, la polémica ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de la región de Cataluña, aunque la última palabra del Parlamento la tendrá el Congreso, que la aprobará definitivamente.
La cámara alta rechazó así, con la mayoría absoluta de la oposición conservadora del Partido Popular (PP) y de la extrema derecha de Vox (149 votos) la proposición legislativa, promovida por el Partido Socialista (PSOE), que encabeza el Gobierno de la nación, y respaldan también pequeños partidos de izquierda y de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes (113 votos).
El Congreso ya aprobó la ley de amnistía en marzo pasado y la remitió al Senado para continuar con el trámite parlamentario, y ahora volverá a la cámara baja para que esta decida sobre el veto.
Previsiblemente, la mayoría que forman en el Congreso la coalición izquierdista de gobierno y las fuerzas nacionalistas e independentistas levantará el veto y la ley entraría en vigor dentro de unas semanas. La interpretación y aplicación de la ley corresponderá a los jueces.
La entrada en vigor acercaría el posible regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido desde 2017 para eludir la acción de la Justicia española por su responsabilidad en el proceso independentista ilegal de Cataluña de aquel año.
Ahora, elegido diputado en los comicios regionales del domingo pasado, aspira a ser presidente catalán de nuevo, aunque su partido (Junts) quedó en segundo lugar con 35 diputados, por detrás de los socialistas, con 42, en una cámara catalana de 135.
Debate parlamentario áspero
El debate de hoy en el Senado se repitió prácticamente con los mismos argumentos y tono crispado que en el Congreso: PP y Vox cargaron contra una ley de amnistía que consideran inconstitucional y que supone, según denuncian, el precio político que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, paga por el apoyo parlamentario de los independentistas catalanes para continuar así en el poder.
Por el contrario, los socialistas y el resto de formaciones la defendieron como una apuesta por la convivencia y la normalización política de Cataluña, si bien los partidos soberanistas catalanes ERC y Junts no renuncian a un referéndum de «autodeterminación».
La amnistía es un compromiso del PSOE con los independentistas catalanes para que apoyaran la elección parlamentaria (investidura) de Sánchez como jefe del Ejecutivo tras los comicios generales del 23 de julio, pues los socialistas necesitan los votos de otros partidos para poder gobernar.
La amnistía se aplicaría entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, y beneficiaría, entre otros, a los responsables del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, anulados por el Tribunal Constitucional español.
Por esos hechos, fueron condenados a prisión nueve líderes independentistas catalanes en 2019, ya indultados, mientras que Puigdemont, artífice principal del proceso soberanista, había huido a Bélgica para eludir a los tribunales españoles.
Una vez aprobada la amnistía definitivamente, se abriría la posibilidad de que el dirigente independentista regrese a España libre de cargos.