La extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén compareció este martes a su segunda audiencia judicial desde que fue extraditada a Estados Unidos, sin que hasta ahora se haya anunciado algún cambio en su situación de privación de libertad.
En la audiencia se iba a tratar la petición de libertad bajo fianza para Díaz Guillén presentada al tribunal por su defensora, Marissel Descalzo, pero ese y otros temas, como si la exfuncionaria venezolana se declarara culpable o no, quedaron eclipsados por un planteamiento de la Fiscalía, de acuerdo con medios que asistieron a la audiencia celebrada en West Palm Beach, Florida.
En un documento introducido este lunes al tribunal de esa ciudad situada a 100 kilómetros al norte de Miami donde se ventila el caso, la Fiscalía planteó que Descalzo representó anteriormente a un venezolano acusado de lavado de dinero, Gabriel Arturo Jiménez Aray, cuyo caso está relacionado con el de Díaz Guillén.
A juicio de la Fiscalía, eso puede suponer un conflicto de intereses dado que en el juicio a Jiménez Aray Descalzo brindó información sobre los activos que posee Díaz Guillén y eso puede jugar en contra de la acusada ahora, concretamente en lo que se refiere a la posibilidad de esperar el juicio fuera de la cárcel con una fianza, según señala un documento del caso al que tuvo acceso EFE.
Jiménez Aray, expropietario de un banco en República Dominicana, fue sentenciado a tres años de prisión en noviembre de 2019 en un caso de conspiración de lavado de dinero.
Un posible conflicto de interés
Los fiscales pidieron esta semana al tribunal celebrar una audiencia aparte solo sobre este tema, algo que Descalzo rechaza, según los documentos.
El juez dio por concluida la audiencia de hoy al cabo de una hora de discusión sin que hasta ahora se sepa cuando volverá a comparecer Díaz Guillén, quien llego a Florida el jueves 12 de mayo extraditada desde España para responder de cargos de conspiración para blanqueo de dinero y blanqueo de dinero.
La Fiscalía ha pedido al juez que no le conceda a la extesorera nacional de Venezuela el beneficio de la libertad bajo fianza con el argumento de que existe riesgo de fuga, algo que negó la defensa en una petición para que sí le sea concedida introducida este lunes.
En ese primer documento presentado por la defensa después de la llegada a Estados Unidos de Díaz Guillén, Descalzo hace hincapié en que la acusada tiene nacionalidad española, es esposa, madre de dos hijos y «mujer de fe».
Antes de ser nombrada tesorera nacional, la acusada formó parte del equipo médico del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mientras que su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, también pendiente de extradición, fue el jefe de seguridad del mandatario.
La enfermera y el guardaespaldas de Chávez
Los conocidos popularmente como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez establecieron su residencia en España en 2016 y tienen dos hijos menores de edad, según los documentos del juicio.
Descalzo asegura en la petición a la que tuvo acceso Efe que «no hay riesgo alguno de fuga», entre otros motivos porque ni Díaz Guillén ni su esposo tienen «activos suficientes ni dentro ni fuera de Estados Unidos para pagar la escapada y no pueden volver a Venezuela».
Regresar a su país natal sería «el equivalente a poner en peligro sus propias vidas ya que (…) fueron expulsados de Venezuela por la policía secreta en 2013», dice la abogada, que responde así a la Fiscalía que, entre las razones para pedir que sea mantenida en prisión, mencionó sus fuertes lazos con el régimen venezolano.
Descalzo también sustenta su petición en que Díaz Guillén estuvo sujeta a libertad bajo fianza a lo largo del proceso de extradición en España y no se fugó, y, en otro orden de cosas, plantea que hay antecedentes en la jurisprudencia de concesión de ese beneficio penal a acusados extranjeros.
Tanto Díaz Guillén como su esposo están sujetos desde enero de 2019 a sanciones económicas por parte de un organismo del Tesoro de Estados Unidos debido a su presunta participación en la red de corrupción que según la acusación se hizo con más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.
Como consecuencia quedaron congelados los activos que estas personas y entidades pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohibió llevar a cabo transacciones financieras con ellas.