La Corte Nacional de Justicia de Ecuador reinstaló este viernes las audiencias del proceso de casación en el caso «Sobornos 2012-2016», que involucra al expresidente Rafael Correa y otros quince sentenciados.
Se trata de la segunda jornada de una audiencia en la que el Tribunal de Casación deberá resolver, en un proceso no limitado en el tiempo, el recurso de última instancia presentado por los sentenciados, que, además, definirá el futuro electoral del exgobernante.
Correa fue condenado este año en primera y segunda instancias a ocho años de prisión y la inhabilitación política del mismo número de años, tras haber sido declarado culpable del delito de cohecho como autor mediato por instigación.
La Fiscalía General y el tribunal consideraron que el exmandatario dirigió una estructura de corrupción con la que se supuestamente financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado.
El caso «Sobornos» versa sobre una supuesta red de corrupción mediante la cual se recibieron presuntamente aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
Proceso técnico
El Departamento de Comunicación de la Corte señaló que el letrado de Correa, Alfonso Zambrano, insistió este viernes en que su defendido no se apartó de su rol y solicitó que se case la sentencia.
En el caso también fue condenado a prisión el ex vicepresidente Jorge Glas, para cuyo defensor la pena está mal atribuida, por lo que pidió casar la sentencia al no haberse justificado los presupuestos de hecho y derecho, según el reporte de la CNJ.
Durante la primera jornada de la audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, explicó el jueves que el recurso de casación es técnico, y hay prohibición de reexaminar los hechos del Tribunal y volver a valorar la prueba.
En ese sentido, la defensa del expresidente consideró un contrasentido la condena por el delito de cohecho como autor mediato por instigación.
Sobre el caso de Correa, el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, mencionó: «La conclusión que se llega a la sentencia es lógica y no cabe alegar un error de interpretación».
«El Tribunal, en aplicación al principio de legalidad, sancionó con el delito de cohecho», refiere un informe de la Corte.