El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy recibió una condena este lunes a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. La condena lo convierte en el primer exinquilino del Elíseo en recibir una sentencia a una pena de prisión.
El Tribunal Correccional de París precisó que dos de esos años de cárcel están exentos de cumplimiento. El tercer año de prisión firme puede convertirse en detención domiciliaria o vigilancia con un brazalete electrónico.
La corte condenó, además, a una pena similar al abogado del expresidente, Thierry Herzog, a quien impuso además cinco años de inhabilitación para ejercer la abogacía, y al alto magistrado Gilbert Azibert.
Las penas son algo inferiores a lo que había reclamado la Fiscalía, que pedía dos años de cárcel firmes contra los tres acusados.
Los cargos en su contra
Los jueces consideraron probado que existió un pacto de corrupción para beneficiar los intereses judiciales de Sarkozy en otras causas abiertas tras su salida del Elíseo en 2012.
Esas actuaciones salieron a la luz en unas conversaciones telefónicas intervenidas por la policía en 2014 entre Sarkozy y su abogado. En ellas se desprendía que contactó a Azibert, entonces miembro del Tribunal Supremo, para obtener información en otra causa abierta contra el expresidente a cambio de ayudar al magistrado a lograr un puesto en Mónaco.
La sentencia y la pena de cárcel recoge la particular gravedad del delito cometido por Sarkozy por su condición de expresidente. Se le acusó de valerse de su cargo y de sus relaciones para su interés personal, lo que llena de descrédito un cargo que, por la Constitución, le otorga el poder de equilibrio de la justicia.
Además, recoge el veredicto, Sarkozy tenía que conocer las infracciones cometidas por su condición de abogado de formación.
También fue muy duro contra Herzog, uno de los más reputados abogados de París, y contra Azibert, a quien acusó de desacreditar una profesión cuya función es básica en la democracia.
La histórica condena a Sarkozy, que puede apelar la sentencia, se produce dos semanas antes de que se abra otro proceso en el que está implicado el expresidente, el de las presuntas irregularidades sobre la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2012.