La Unión Europea (UE) ampliará su lista de sancionados en Venezuela, incluyendo a Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a otros 14 altos funcionarios. Según fuentes diplomáticas, la decisión fue adoptada por los embajadores de los 27 estados miembros y será formalizada por el Consejo Europeo en los próximos días, entrando en vigor tras su publicación oficial.
Estas medidas responden a acusaciones de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, especialmente tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio.
La presidenta del TSJ validó estos resultados, previamente ratificados por el CNE, en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición venezolana y el rechazo de organismos internacionales.
Nuevos sancionados por la UE: presión sobre Maduro en Venezuela
Caryslia Rodríguez ya estaba sancionada por Estados Unidos desde septiembre y por Canadá desde esta semana. Con esta decisión, la UE amplía su presión sobre el régimen de Maduro, aunque este venezolano no figura entre los sancionados.
Las sanciones incluyen la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos de los implicados. Estas medidas forman parte de un paquete de restricciones introducidas en 2017, que también abarca un embargo de armas y equipos para represión interna.
El contexto político venezolano sigue marcado por la polarización. Mientras Maduro planea jurar su nuevo mandato el próximo 10 de enero, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, considerado por la oposición como el presidente legítimo electo, anunció su intención de regresar al país para reclamar su investidura.
González Urrutia, exiliado en España desde septiembre, asegura tener actas que confirman su victoria en las elecciones de julio, en contraste con los resultados oficiales nunca desglosados públicamente.
La UE reiteró en su cumbre pasada el compromiso de apoyar una transición pacífica en Venezuela y pidió al país cumplir con la legislación internacional. Las sanciones, que se extienden hasta 2025, buscan aumentar la presión internacional para una solución democrática a la crisis.