El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha cogido carrerilla en la aprobación de todo tipo de leyes para continuar avanzando en su hoja de ruta y, sobre todo, para complacer a los socios de gobierno que le han permitido, entre otras cosas, la aprobación de los últimos Presupuesto Generales del Estado (PGE). Sus objetivos han supuesto, además, el incumplimiento sistemático de la Constitución. Repasamos algunas de esas faltas.
Por comenzar con la actualidad más reciente, el asalto al Poder Judicial de Sánchez incumple, al menos, los artículos 122 y 124 que versan sobre la independencia del CGPJ y de la Fiscalía. Duro fue el golpe del Tribunal Constitucional que paralizó la aprobación de dos enmiendas promovidas por PSOE y Podemos con la intención de reformar el sistema de funcionamiento del propio Tribunal de Garantías y el CGPJ.
Lo cierto es que la Constitución obliga a la renovación cada cinco años del Consejo General del Poder Judicial a través del Congreso de los Diputados y el Senado. El trámite está congelado y, por este motivo, una asociación de jueces mayoritaria denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) –asunto que está pendiente de resolverse– a las más altas instituciones del Estado, en manos de los socialistas.
Así las cosas, Sánchez renunció a remover el Consejo prorrogado desde 2018, una vez fracasada la negociación con el Partido Popular tras entrar en escena la reforma de la sedición, pero mantuvo su intención de control sobre el Constitucional caducado en junio.
Para ello, retocó su propia prohibición de nombramientos al órgano de gobierno de los jueces y permitió que designasen a dos de los cuatro nuevos miembros que han de consumar el vuelco de la actual mayoría conservadora de la Corte de Garantías a una progresista afín a los planes de Sánchez con los independentistas.
Ahora, el Ejecutivo tiene la intención de tomar un camino diferente para la aprobación de las enmiendas. En este caso a través de un proyecto de ley que permita el debate parlamentario.
Sin salir de la materia, cabe destacar la obsesión de Sánchez por el control de la Fiscalía. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». Con esa pregunta-respuesta retórica, Sánchez desveló sus intenciones. Lo hizo en una entrevista radiofónica que la oposición le ha recordado de manera reiterada. Lo cierto es que, en el 2020, sentó al frente de la Fiscalía General del Estado a su exministra de Justicia, Dolores Delgado. El pasado verano, Delgado fue sustituida por Álvaro García Ortiz, también vinculado al PSOE.
En octubre del pasado año, el gobierno y el govern catalán llegaron a un acuerdo para desobedecer la obligatoriedad de que, al menos, un 25 % de las clases en las escuelas se impartieran en español. Poco importó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalana (TSJC). Con ello incumplía el artículo 3 de la Constitución en el que se recoge que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Con la connivencia gubernamental, Cataluña despreció también el artículo 118 donde se recuerda el obligado cumplimiento de las «sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales».
En la educación también puede destacarse la obsesión de la izquierda por desamparar y ahogar a la educación concertada y privada. Esto colisiona con el artículo 27, que ampara la libertad de los padres para que sus hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Sin abandonar las aulas topamos con el incumplimiento del artículo 20, el que recoge la libertad de cátedra. El mismo regula la libertad de expresión, que queda cercenada con la aprobación de la ley de Memoria Democrática. La aplicación de dicha norma supone la imposibilidad de enseñar libremente si esto implica salirse un milímetro de la Historia que se pretende enseñar. Dicha ley impide una investigación propia de periodos tan importantes de nuestro pasado como la Segunda República, la Guerra Civil o el franquismo.
Los profesores españoles –e incluso los ciudadanos– tendrán que convivir con una sola y única versión de lo sucedido sin posibilidad de conocer, o enseñar, más allá.
Otro de los artículos que el presidente incumple de manera recurrente es el 86, referido a los decretos leyes. A pesar de que la Constitución establece que este tipo de elaboración de leyes debe ser «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», Sánchez, prácticamente, no conoce otra forma de legislar. Tanto es así que es el presidente de la democracia que más veces ha firmado decretos-leyes con un total de 132. Le sigue el también socialista Felipe González con 129, pero estuvo 13 años y medio en el cargo.
Por último, no se puede olvidar que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales los estados de alarma del gobierno tras un recurso presentado por Vox. De la misma manera lo hizo con las medidas anti covid aprobadas por Sánchez y sus ministros.