El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, denunció el miércoles una «campaña de acoso y derribo» contra su entorno alimentada, según él, por la oposición de derecha, tras la apertura de una investigación a su hermano.
Ya fragilizado por la investigación abierta por presunta corrupción y tráfico de influencias a su mujer, el dirigente socialista aseguró, en una entrevista en la televisión pública, que va a «defender la honorabilidad» de su esposa y de su hermano «ante una campaña de acoso y derribo de una organización ultraderechista».
Como ya ocurrió con la de su esposa, la investigación contra su hermano se abrió tras una denuncia de la organización «Manos limpias», cercana a la extrema derecha.
El líder socialista acusó a los «tabloides digitales conservadores y ultraconservadores» de amplificar este caso, así como a la oposición de derecha y de extrema derecha, que «no tiene nada más» contra él.
Ellos son los responsables de una «máquina del fango» que propaga «desinformación y difamación», criticó.
Un tribunal español anunció el lunes la apertura de diligencias de investigación por presuntos delitos de malversación, prevaricación o tráfico de influencias a, entre otros, al hermano de Sánchez, quien es responsable de la oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz (suroeste), dirigida por un socialista.
Según la prensa local, Manos Limpias denunció a David Sánchez por presuntamente percibir un sueldo público sin acudir debidamente a su trabajo.
Tras conocerse en abril la apertura de la investigación contra su esposa, Pedro Sánchez sorprendió a los españoles anunciando que consideraba renunciar, aunque finalmente optó por permanecer en su puesto prometiendo trabajar por «la regeneración pendiente» de la democracia española.
Este miércoles anunció que en julio lanzará un paquete de medidas para defender no solo «la pluralidad informativa», sino también su «veracidad».
Sánchez lanzó también un ultimátum a la oposición de derecha para llegar a un acuerdo antes de fin de mes sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano clave encargado de nombrar a los jueces, cuya renovación está bloqueada desde hace seis años.
«Si en el mes de junio el Partido Popular», la principal formación de la oposición de derechas, «no desbloquea esta situación, el gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional», aseguró.
Esta repuesta pasará por una reforma destinada a «revisar esa facultad» que tiene el CGPJ de nombrar magistrados de las más altas instancias judiciales del país para hacerla «mucho más objetiva, mucho más transparente y, evidentemente, no politizada», añadió, sin dar más detalles.
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