El sector minero en América Latina deberá afrontar una serie de retos debido a la escasez de recursos y a los riesgos ambientales, especialmente tras la rotura de dos presas en Brasil que causaron centenas de muertes en los últimos años, alertó este lunes la agencia de calificación de riesgos Moody’s.
En un informe, Moody’s señaló que los “riesgos ambientales y sociales” probablemente afectarán la calidad crediticia de la industria minera de la región. Deberá “superar” una serie de obstáculos “para asegurar tanto la viabilidad de largo plazo de su producción como el reemplazo adecuado de recursos mediante inversiones para el crecimiento”.
Las preocupaciones se incrementaron tras la rotura de dos represas en el estado de Minas Gerais (sureste brasileño), en 2015 y 2019. Causaron centenas de muertos y desastres medioambientales.
En materia ambiental, la agencia apuntó como principales riesgos la contaminación del agua y el suelo, las restricciones en el uso de la tierra, la escasez de agua, y los desastres naturales y los provocados por el hombre.
Desafíos
Los riesgos sociales más prominentes están relacionados con la salud y la seguridad, así como el capital humano y la producción responsable.
“La industria minera afronta riesgos sociales relacionados con sus operaciones, incluyendo conflictos laborales, desafíos en las relaciones con las comunidades locales y disputas sobre el uso de recursos naturales”, dijo la vicepresidente del grupo financiero de Moody’s en Sao Paulo, Barbara Mattos, citada en una nota.
En Chile, las empresas dedicadas a la extracción de cobre deberán hacer frente a riesgos como la escasez de agua; dificultades en las relaciones laborales. De igual forma deberán enfrentar desafíos estructurales que, según Moody’s, continuarán incrementando los costos a largo plazo. “En particular el agotamiento de minas, la caída de las leyes del mineral y la baja productividad laboral”, indicó.
Ya en México, el estudio apunta que la carga reguladora de las empresas mineras podría aumentar en los próximos años, en caso de que se apruebe el intento del gobierno mexicano de realizar consultas a los integrantes de las comunidades cercanas a áreas de explotación, quienes podrían participar en decisiones como la implementación de impuestos ecológicos.
El informe cita los ejemplos de varios trabajos que se han visto suspendidos o retrasados en Perú. Allí la ley obliga a las empresas mineras a consultar con las comunidades antes de comenzar un proyecto. Por eso Moody’s prevé que los conflictos aumenten los costos y retrasen las inversiones de las empresas.