Expertas de las Naciones Unidas que investigaron durante cuatro meses el envenenamiento al líder opositor ruso Alexei Navalny indicaron que las evidencias señalan una «probable implicación» de oficiales del gobierno ruso, presumiblemente de alto nivel, en ese suceso, ocurrido en agosto del año pasado.
En una carta oficial enviada a las autoridades rusas en diciembre, cuyos detalles se conocieron este lunes al cumplirse los dos meses de cláusula de confidencialidad, las investigadoras Agnès Callamard e Irene Khan indicaron que el veneno utilizado, Novichok, es una de esas evidencias.
«Los conocimientos necesarios para manejarlo y desarrollar nuevas modalidades de Novichok como la hallada en las muestras tomadas a Navalny solo pueden encontrarse en actores estatales«, destacaron las relatoras en su misiva.
Callamard (relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias) y Khan (sobre libertad de expresión y opinión) pidieron asimismo una investigación internacional del intento de envenenamiento.
«Dada la respuesta inadecuada de las autoridades nacionales, el uso de armas químicas, y el aparente patrón repetido de asesinatos selectivos, creemos que una investigación internacional debe llevarse a cabo urgentemente«, subrayaron, señalando que estas pesquisas son especialmente críticas con Navalny en prisión.
Callamard y Khan lamentaron en este sentido que «en contraste con la falta de iniciativa del gobierno para investigar el envenenamiento, este actuara con firmeza para garantizar que Navalny fuera detenido inmediatamente después de regresar a Rusia tras pasar varios meses en Alemania con la única meta de recobrar su salud».
Otra prueba que de acuerdo con las expertas apunta a que el Estado ruso estuvo envuelto en el ataque al líder opositor es el hecho de que este se encontrara bajo vigilancia estatal cuando fue envenenado. «Es improbable que terceros administraran ese químico prohibido sin conocimiento de las autoridades».
Incluso en el improbable caso de que el ataque no fuera obra de las autoridades, Callamard y Khan aseguraron que el Ejecutivo presidido por Vladimir Putin «habría fallado en su obligación de proteger a Navalny», quien ya en ocasiones anteriores había sido amenazado y objeto de al menos otros dos intentos de envenenamiento.
El gobierno ruso «no puede escapar sus obligaciones en derechos humanos negando su responsabilidad en el caso», afirmaron, reiterando su petición de que Navalny sea liberado.
Las relatoras opinan por otro lado que el envenenamiento del abogado y activista «se llevó a cabo deliberadamente para enviar un siniestro y claro aviso a cualquiera que critique y se oponga al gobierno, diciéndole que este es el destino que le espera».