El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, considera «alarmante» la «ley contra el odio» aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos.
«Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista», explicó este jueves el experto en una entrevista con Efe en Washington.
Estos son los comentarios «preliminares» de Lanza, relator desde 2014, mientras en la CIDH se analiza el texto aprobado y se prepara desde hace meses un informe completo sobre la situación de derechos humanos en el país para antes del fin de año.
La ley contra el odio contempla penas de hasta 20 años de cárcel y permitiría restringir a los ciudadanos que opinen en contra del gobierno.
«Llaman la atención las sanciones totalmente draconianas y desproporcionadas que establece la ley para quienes incurran en expresiones contra el gobierno, penas de prisión de 10 ó 20 años, algo que en derecho penal comparado podría incluso compararse a un asesinato o algo semejante», apuntó el experto.
El «deterioro en Venezuela», señaló, «ha sido constante y progresivo» pero hasta ahora todavía «perduraban ciertas garantías para los periodistas y opositores porque había que cumplir con un tipo penal preciso y las sanciones eran excarcelables».
«Esto es absolutamente mucho más grave, porque son tipos penales absolutamente abiertos, se crean las condiciones para perseguir al enemigo interno y entrar a un Estado absolutamente totalitario», advirtió.
Subrayó que con esta medida «va a ser clausurado el último espacio libre en Venezuela, que son las redes sociales».
El abogado uruguayo criticó que el texto esté «embarrado con palabras bonitas y buenas intenciones, como suelen hacer los regímenes totalitarios, en nombre de la diversidad y la no discriminación», mientras que en la práctica «no tiene normas de promoción sino que son normas represivas».
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha pedido este año tres veces al gobierno de Venezuela que le permita hacer una visita al país para analizar la situación de derechos humanos, oferta que fue rechazada.
Venezuela tiene denunciada la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 2013, por lo que la Corte IDH, con sede en San José (Costa Rica), no puede recibir casos del país.