Ni la democracia ni los derechos humanos atraviesan su mejor momento en Venezuela, según los testimonios, imágenes e investigaciones que surgieron desde el comienzo de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, a principios de abril, y la violenta represión que las acompañó a sol y a sombra.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) dio un paso más y quiere determinar, a instancias del secretario general Luis Almagro, si esas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Por estos días desfilan en la sede del organismo testigos y víctimas para determinar si es válido configurar una denuncia sólida y presentarla ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, para que actúe en consecuencia.
Según expresó a La Nación el argentino Santiago Cantón -ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y designado con otros dos juristas para evaluar el informe final de la OEA sobre la base de los testimonios recabados-, lo más destacable es que se pone bajo la lupa un tema que los gobiernos de la región barrieron bajo la alfombra durante más de una década.
«Sabíamos que Venezuela estaba violando los derechos humanos, pero no hubo ninguna acción para ponerles fin a esas violaciones», dijo Cantón, actual secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
-¿En qué consiste el procedimiento?
-El que preside las audiencias es el ex fiscal argentino, Luis Moreno Ocampo, que escucha las declaraciones e interroga a los testigos. Luego, el panel de tres jueces que integro debe hacer una evaluación, hacia finales de octubre. Si la evaluación concluye, por ejemplo, que existen delitos de lesa humanidad, se le envía a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que puede decidir si inicia una investigación por su cuenta. La CPI, a diferencia de otros organismos, actúa contra las personas, no contra los Estados. Por lo tanto, algunas personas pueden quedar presas. Actualmente creo que son siete los presos que hay por decisiones de la CPI.
-¿Puede ser el jefe del Estado?
-Puede ser un jefe de Estado, un terrorista… Se tienen que dar ciertas condiciones, pero puede ser cualquier persona. Y cualquiera puede declarar en las audiencias, también el Estado venezolano. No sé cuántos testigos terminarán declarando en las audiencias de Venezuela, pero una de las cosas que están pasando es que, a medida que esto se hace público, hay mucha más gente que quiere declarar. Esto ha pasado siempre en materia de derechos humanos en el mundo entero, la gente se empieza a animar a hablar.
-Se habrán escuchado testimonios fuertes en las audiencias…
-Uno obviamente no puede prejuzgar, yo soy uno de los jueces y tengo que esperar que se reciba esa información. Creo que lo importante acá es el mecanismo que se está siguiendo. Es un sistema que les da prioridad a los derechos humanos. No podemos seguir después de lo que vivimos en las décadas del 70 y del 80 ignorando las violaciones de los derechos humanos y menos aún los delitos de lesa humanidad. América latina ignoró durante una década las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Sabíamos que lo estaban haciendo porque la Comisión Interamericana lo dijo varias veces, pero no hubo ninguna a acción por parte de los Estados para tratar de ponerle fin. Ahora hay que ver si también hay delitos de lesa humanidad y que actúe la CPI.
-¿Cuál es la diferencia entre las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad?
-Son categorías distintas. La CPI actúa en tres situaciones generales: genocidio, delitos de lesa humanidad y delitos de guerra. El delito de lesa humanidad es cuando una violación de los derechos humanos se hace de manera sistemática o generalizada en contra de la población civil o de un grupo de personas. Tiene que haber un plan sistemático.
-Ya nadie discute la violación de derechos humanos en Venezuela, se pasa al siguiente escalón.
-El informe de 2009 de la Comisión Interamericana sobre Venezuela plantea violaciones de los derechos humanos. La diferencia es que sean de lesa humanidad y la posibilidad de que se encuentre responsabilidad individual. Es una diferencia importante. La fiscal de la CPI puede iniciar un examen preliminar y, luego, una investigación de fondo. Eso se hizo con Venezuela en 2006, cuando el fiscal era Moreno Ocampo. Después del examen preliminar concluyó, sobre la base de la información que logró conseguir ese año, que no estaban dadas las condiciones. Ahora vamos a ver si están dadas con todo lo que pasó en los últimos años.