La reforma de las pensiones contra la que se convocó este jueves una huelga en Francia sigue en fase de negociación. Solo desveló sus líneas maestras, pero permite vislumbrar ya quiénes serán sus mayores beneficiados y afectados.
Ganadores
– Agricultores y comerciantes: la promesa del presidente Emmanuel Macron de establecer una pensión mínima de 1.000 euros elevaría la cantidad que perciben los trabajadores de ambos sectores que hayan contribuido con la base de cotización mínima a la largo de su carrera.
La reforma garantiza pensiones mínimas de cerca de 85% del salario mínimo neto, un porcentaje que en la actualidad es de 75% para los agricultores. Sus retribuciones son ahora mismo de media 780 euros para los hombres y 580 euros para las mujeres, según el principal sindicato del sector, la FNSEA.
Los comerciantes, por su lado, reciben una pensión mínima de 970 euros, por debajo del umbral que establece la reforma.
– Mujeres y madres: el Ministerio de Sanidad calcula que las mujeres cotizan menos o durante menos tiempo que los hombres y perciben una pensión 38,8% inferior a la de estos. Elevar el mínimo tendría un impacto directo en ese colectivo.
El Ejecutivo prevé además una bonificación de 5% en la pensión por cada hijo a partir del primero, un derecho que se atribuirá por defecto a la madre a menos que haya un acuerdo previo entre la pareja. En la actualidad es de 10% para cada progenitor, pero solo cuando se han tenido tres hijos o más.
Perdedores
– Los beneficiarios de regímenes especiales: existen en Francia 42 regímenes diferentes de jubilación, que el Ejecutivo quiere reducir a uno solo, lo que perjudicaría a aquellos con condiciones más ventajosas actualmente.
Los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, o de la entidad del transporte metropolitano de París, RATP, pueden jubilarse a partir de los 52 a 57 años, según las categorías, frente a los 62 años del régimen general.
La reforma pretende acabar con esos beneficios para establecer un sistema por puntos en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos en el momento de la jubilación.
El cálculo de su futura pensión será además menos ventajoso: hoy se apoya en los últimos seis meses de salario y en el futuro se quiere que cuenten todos los años cotizados.
– Los profesores: su pensión actual también se calcula sobre la base del último semestre de trabajo. Para compensar el cambio entre los funcionarios, el gobierno prevé integrar las primas en el cálculo, algo que actualmente casi no pesa.
Aunque las primas representan de media una cuarta parte de la remuneración de los empleados públicos, esa tasa cae a 10% en el caso de los profesores, por lo que su sueldo tendría que revalorizarse de forma significativa para que la propuesta del Ejecutivo les compensara.
– Funcionarios de rangos inferiores: los funcionarios de categoría C, la más baja de la administración, se verían penalizados, al igual que los profesores, por la menor incidencia de las primas en sus sueldos, lo que les perjudicaría a la hora de compensar el cálculo de sus pensiones sobre el conjunto de su carrera.
– Profesiones liberales: verían aumentada fuertemente su base de cotización, actualmente situada en 14%, algo que con el cambio se elevaría a alrededor del doble.
Sin embargo, el gobierno se plantea someter a una cotización más débil, 12,94%, a los ingresos que estén entre 40.000 y 120.000 euros.