El PSOE de Pedro Sánchez se ha visto salpicado de manera frontal por las comisiones cobradas en la trama de corrupción engendrada en adjudicaciones que ascienden a 54 millones de euros y que otorgó el Gobierno de España –y otras entidades socialistas– durante la pandemia de coronavirus. En el marco de la causa judicial ha habido más de una veintena de detenidos y numerosos registros; en una trama que se ha ramificado de manera copiosa.
José Luis Ábalos
El exministro de Transportes se sitúa en el centro del caso de corrupción, ya que en su departamento –desde el que salieron los primeros contratos– estaban integrados los principales beneficiados por el cobro de comisiones. Por todo ello, el PSOE le dio un ultimátum a Ábalos para que otorgara su acta como diputado, aunque el que fuera uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez ha preferido irse al Grupo Mixto del Congreso.
Por su parte, aunque no está siendo investigado judicialmente, un auto de la Audiencia Nacional le ha señalado como «intermediario» de la trama. Para el juez, sus reuniones con los imputados tienen «un especial interés para los hechos investigados».
Koldo García
García trabajó para el Ministerio de Transportes desde el 13 de junio de 2018 al 11 de julio de 2021; primero como asesor personal de Ábalos, desde finales de 2019 como consejero de Renfe Mercancías, y luego pasó a ser vocal del Consejo Rector del Organismo Público de Puertos del Estado.
La investigación apunta a que Koldo García facilitó a la compañía zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L. –la mercantil beneficiada que repartió las mordidas– información sobre las adjudicaciones públicas, y también «agilizó» los trámites. Por ello, presuntamente cobró una serie de comisiones, lo que le permitió aumentar su patrimonio en 1,5 millones de euros en solo dos años. Durante este periodo también adquirió tres inmuebles en la localidad alicantina de Benidorm. «Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, y su exmujer (Ana María Rodríguez) son personas utilizadas para ocultar la titularidad real sobre algunos inmuebles», dice la Fiscalía sobre su familia.
Además, en el sumario judicial queda demostrado que García cenó con Ábalos en una marisquería madrileña el 10 de enero de este año, reunión que el exministro ha confirmado.
Francina Armengol
En toda la trama de corrupción hay un apartado exclusivo para las adjudicaciones otorgadas por el Gobierno balear de Francina Armengol durante la covid. El Ejecutivo de la actual presidenta del Congreso pagó 3,7 millones de euros por material sanitario inservible –que fue almacenado por falta de calidad– y que se abonó con fondos europeos. Además, solo el último día de su gobierno alertó de las irregularidades de este contrato.
A la vez que el actual Gobierno de Baleares, ostentado por los ‘populares’, ha renunciado a la cuantía del préstamo comunitario; el PP nacional ha afirmado que Armengol no puede presidir el próximo Pleno de la Cámara Baja por haber realizado una «utilización fraudulenta del poder político».
Fernando Grande-Marlaska
El ministro más longevo al frente de la cartera del Interior también contrató con la empresa de la trama, ya que adjudicó 3,5 millones de euros en abril de 2020 a Soluciones de Gestión. «¿Es usted parte de la trama?», le preguntó de manera directa la secretaria general de los ‘populares’, Cuca Gamarra, a Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado 28 de febrero.
Sin embargo, el titular de Interior se salió por la tangente y manifestó que «a diferencia de los gobiernos del PP, nosotros colaboramos en todo momento con la Justicia». «Fue un contrato perfectamente regular y que tenía por objeto responder a una emergencia sin precedentes, y hablo de servicios esenciales: de policías nacionales, de guardias civiles, de funcionarios de Instituciones Penitenciarias que debían de proceder a darnos seguridad a todos», agregó de manera poco elocuente.
Ángel Víctor Torres
Tal y como reveló El Debate el 25 de febrero, el actual ministro de Política Territorial adjudicó 12,2 millones –en un total de 11 contratos– a la empresa de las mordidas en su etapa como presidente de las Islas Canarias. Según la Guardia Civil, de las mascarillas adquiridas (837.800 unidades), valoradas en dos millones de euros, no eran aptas para su uso sanitario como FFP2. «Ahí tenemos que ser todos una piña para perseguir al que se ha lucrado y no a los que han sido o han podido ser afectados», aseveró el miembro del Ejecutivo el viernes en Vitoria.
Por todo ello, los grupos parlamentarios Nacionalista –de Coalición Canaria– y Popular han registrado en el Parlamento de Canarias una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el «caso Torres», tal y como lo han denominado, para esclarecer la compra de mascarillas y material sanitario en el archipiélago.
Salvador Illa
El 23 de febrero este periódico informó que el exministro de Sanidad –ahora líder de los socialistas– dictó una orden para que un funcionario de su cartera incluyera a la empresa de la trama en un macrocontrato de 2.500 millones de euros, y se le otorgaron dos lotes.
No obstante, el miércoles Illa expresó que Sanidad no contrató con la empresa de Koldo García y que «ni Ábalos ni nadie» intercedió. «No salió ni un solo euro del Ministerio hacia esta empresa», agregó.
Juan Carlos Cueto
El empresario Juan Carlos Cueto es el presunto cerebro de la empresa investigada, Soluciones y Gestión S.L., ya que la Fiscalía Anticorrupción lo sitúa como la «persona que realmente controla la sociedad». Además, según el Ministerio Público se habría embolsado con las comisiones 9,6 millones de euros.
Por todo ello, Ismael Moreno, el magistrado instructor de la causa, ha prohibido a Cueto salir de España sin autorización judicial. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, en la que solo respondió a preguntas de su abogado, se escudó en que su papel conllevó una operación muy costosa y con muchos viajes a China.
Víctor de Aldama
La Fiscalía ha señalado que, con la trama de corrupción del PSOE, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, obtuvo un beneficio económico de 5,5 millones de euros. Para el Ministerio Público Aldama y Cueto «a pesar de no figurar documentalmente habrían sido los responsables» de las adjudicaciones con las que se cobraron mordidas.
El juez ha recogido que Aldama tenía «un pase especial» en el Ministerio de Transportes del socialista José Luis Ábalos. Además, de las 88 cuentas que ha bloqueado la Audiencia Nacional 39 de ellas pertenecen al dueño del Zamora.
Íñigo Rotaeche
Este empresario es el titular de la entidad clave en la trama; Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Un auto del juez Moreno señala a Rotaeche como la persona de confianza de Cueto y afirma que tiene «conocimiento absoluto de los temas investigados».
Begoña Gómez
La mujer de Pedro Sánchez presuntamente se reunió con Víctor de Aldama en el momento en el que se otorgaron las adjudicaciones de contratos para la compra de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional. Así, los empresarios habrían ofrecido a Gómez dos oportunidades de negocio.
Por ello, el PP ha exigido al presidente del Gobierno «explicaciones» y no ha descartado llamar a la mujer de Sánchez a la Comisión de Investigación sobre la trama que van a conformar en el Senado. «Nadie estará libre de dar explicaciones en ningún foro en el que el Partido Popular tenga capacidad de llamar a quien sea», explicó el portavoz de los ‘populares’, Borja Sémper, el viernes.
Jacobo Pombo
En la misma resolución el magistrado instructor de la causa señala a Ábalos y a Pombo como «intermediarios» en la trama: «La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo».
Pombo es presidente del Global Youth Leadership Forum, un encuentro internacional de jóvenes líderes que se celebra en Santander con presencia de destacados políticos, como Sánchez y Ábalos. Igualmente, tal y como reveló El Debate el viernes, el exministro de Transportes acudió a la boda de Pombo en 2022.
Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno es el último eslabón de la trama que afecta tanto a su Ejecutivo como a su partido. Ministros de su gabinete, y presidentes autonómicos del PSOE durante su liderazgo, contrataron con la empresa de las mordidas. Además, su mujer, presuntamente, se reunió con el cerebro de la operación, lo que ya le vincularía respecto a su círculo más cercano. Desde la oposición son tajantes con Sánchez: «Lo sabía y lo tapó».
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