El asalto sin precedentes de la policía ecuatoriana sobre la embajada de México en Quito ha generado rechazo generalizado en la comunidad internacional. Más allá de la paliza diplomática, ¿a qué consecuencias se enfrenta el gobierno de Ecuador?
Expertos explican a la AFP lo que podría venir para el otrora pacífico país sudamericano.
Castigo legal y económico
Tras romper relaciones con Quito, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anticipó una denuncia contra Quito en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que será presentada mañana, según su gobierno.
«Podemos ganar este caso rápidamente», aseguró este domingo su canciller, Alicia Bárcena.
Para Esteban Nicholls, director de estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (UASB), «de la corte puede esperarse una de dos cosas».
«Una sanción pecuniaria, es decir una multa, o apartar a Ecuador de ciertos» comités y votaciones en organismos organismos multilaterales como la OEA, adelantó el doctor en ciencia política.
Sin embargo, México es libre de fijar sus pretensiones ante la CIJ, explica Nicholls, quien también anticipa como podría defenderse Ecuador en el tribunal de la ONU:
«Va argumentar que la embajada mexicana dio cabida a un preso común y corriente, no a un perseguido político. El derecho internacional no da cabida a que un criminal común se ampare en una embajada«, anotó.
Pero «la corte seguramente va a encontrar a Ecuador culpable porque invadir una embajada es —al menos en la teoría del derecho internacional— invadir otro país», sentenció el profesor.
El operativo también tendrá repercusiones económicas: Las negociaciones para un tratado de libre comercio entre México y Ecuador, requisito para que el país sudamericano pueda incorporarse a la Alianza del Pacífico y así tener acceso al mercado asiático, quedaron en «pausa», señaló la cancillería mexicana este domingo.
Soledad
Los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia, Venezuela y Chile rechazaron en términos enérgicos la entrada forzosa de la fuerza publica para capturar el exvicepresidente ecuatoriano (2013-2017) Jorge Glas, prófugo la justicia por cargos de corrupción.
Nicaragua fue más lejos e imitó a México al romper relaciones con Ecuador. Bolivia retiró este domingo a su embajador en Quito.
«Cortar relaciones con México no es poca sanción, es un país de mucho peso en la región (…) Va a ser difícil tenerlo en contra y también a sus aliados», anticipó Michel Levi, profesor de estudios globales en la UASB.
«Retirar a todo el personal diplomático sin dejar ni siquiera atención consular ya es una medida bastante radical» por parte de México, advierte el experto en derecho internacional.
La ruptura «es peligrosa y puede ralentizar estrategias de cooperación» entre dos países clave en las rutas del narcotráfico a Estados Unidos, apunta Roberto Beltrán, profesor de gestión de conflictos de la Universidad Técnica Particular de Loja.
El operativo sobre la sede diplomática, sin antecedentes cercanos en el mundo, también fue rechazado por los gobiernos derechistas de Perú y Argentina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, guarda un silencio solitario.
Mano dura
A pesar del rechazo internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, «se ha fortalecido en la política interior», según Levi.
Autoproclamado de centro izquierda, pero apoyado en el parlamento por la derecha, Noboa ha presentado el operativo contra la delegación mexicana como parte de su «lucha contra la impunidad», anota el profesor.
Glas, condenado en 2017 a ocho años de prisión por participar en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y liberado en 2022 por un recurso legal, es «símbolo de la corrupción en Ecuador», señala Nicholls.
El año pasado, la exministra ecuatoriana de Transporte, María de los Ángeles Duarte, condenada a ocho años de cárcel por cohecho, escapó a Venezuela, luego de más de un año refugiada en la embajada de Argentina en Quito. El episodio provocó una crisis diplomática entre el entonces presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y Buenos Aires.
Ahora Noboa se muestra «como un mandatario con mucha fuerza, con la decisión suficiente para tomar resoluciones» drásticas, agrega Beltrán.
El mandatario de 36 años exhibe mano dura en vísperas de una consulta popular propuesta por su gobierno para otorgar mayores facultades a la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia. Los ecuatorianos votarán la iniciativa el 21 de abril.