Una nueva filtración de datos privados de organismos estatales en la web, esta vez de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que funciona bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Defensa, tiene en vilo a organismos públicos.
El documento contiene información de 1.193.316 militares argentinos y empleados de diversas agencias de defensa nacional. Hay nombres completos, estado civil, sexo, dirección postal, números de teléfono, correo electrónico y rango de las personas afectadas. También integrantes de Prefectura Naval Argentina, del Ejército Argentino, de la Fuerza Aérea Argentina, la Armada Argentina, Gendarmería Nacional y el Ministerio de Defensa, según especificó el sitio especializado en ciberseguridad Privacy Affairs.
La información la confirmó a LA NACION fuentes de la propia obra social, que aseguraron que el inconveniente se detectó «el sábado por la tarde por una de las fuerzas, y se empezó una investigación por parte de la policía federal, y ya se presentó la denuncia a la justicia».
Una base de datos desactualizada
Sin embargo, señalaron que la base de datos filtrada está «tomando la mayoría bajas, fallecidos» y que se trata de «un padrón viejo». La razón por la cual desde Iosfa creen que es un padrón viejo es porque actualmente en la obra social hay 575.000 afiliados. «Los últimos afiliados y nacimientos no están», señalaron.
El usuario que empezó a divulgar la información se hacía llamar Anibal Leaks, en clara referencia al flamante ministro de Seguridad Aníbal Fernández, lo que algunos investigadores detrás del delito creen que podría haber un «bautismo de fuego» detrás del hecho. El usuario ofrecía un link en la dark web, un lugar al que solo se accede con un software TOR. En las últimas horas, el documento desapareció también de allí, aseguran investigadores relacionados con la causa.
Los ataques al Estado se han intensificado. El 27 de agosto de 2020 estuvo sin funcionar SiCaM, el sistema digital que registra los ingresos y los egresos de la Argentina, y empezaron las especulaciones. En aquel momento se supo que había sido afectada la Dirección Nacional de Migraciones con un ataque ransomware.
Los delincuentes pidieron dinero a cambio de no publicar información sensible, cosa que hicieron unos días después. En noviembre de 2020 hubo otro ataque similar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Los casos anteriores
Esta tampoco es la primera publicación de información sensible que afecta a fuerzas de seguridad. El caso más conocido fue el que le sucedió a Patricia Bullrich, cuando en 2017, se filtró documentación robada al Ministerio de Seguridad y cuando luego de las PASO de 2019, se publicaron 700 GB de información correspondiente a la policía federal.
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