La lluvia en el sur de la Florida no detuvo el cuarto día de las protestas desencadenadas tras la muerte de George Floyd en Minneapolis la semana pasada. Desde entonces se han esparcido a casi 200 ciudades estadounidenses y otras ciudades del mundo como Berlín y París. Manifestaban indignación por el racismo y uso excesivo de la fuerza por las autoridades.
Al menos 300 personas con mascarillas y pancartas empapadas se reunieron este martes a eso de las 4:00 pm frente al Centro de Detención Preventiva del Condado Miami-Dade en el downtown de Miami.
Miembros de la organización de activistas Dream Defenders, que convocaron a la congregación, cortaron la cinta de precaución policial alrededor del Tribunal del Condado Miami-Dade. Dejaron que los manifestantes circularan el edificio y la policía no los detuvo.
Los organizadores de la protesta entregaron volantes instando al resto a participar en las próximas elecciones para reemplazar a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle. Ha sido ampliamente criticada por llevar 27 años en el cargo y no haber acusado nunca de asesinato a ningún agente policial.
“¡Sáquenla!”, coreaban.
En un comunicado el martes, Fernández Rundle calificó la muerte de Floyd de un «sin sentido». Y dijo que apoyaba a los manifestantes pacíficos que quieren «justicia», reseñó el Miami Herald.
La muerte de Floyd desencadenó acusaciones
Asimismo, Rundle se defendió contra acusaciones de que era muy indulgente con los policías. Señaló que su oficina ha obtenido condenas contra un agente de policía de North Miami que disparó contra un hombre autista con una pistola de juguete. Y contra un agente de la Policía de Miami que tiró contra el suelo a una enfermera de un hospital.
La ley de Florida es muy permisiva en cuanto a la fuerza que la policía puede usar. Esta permite a los agentes disparar por la espalda a sospechosos desarmados de delitos graves, bajo la presunción de que podrían lesionar a alguien en la comunidad.
Hasta la condena de Nourman Raja en Palm Beach Gardens el año pasado, ningún fiscal estatal en Florida en las últimas décadas había logrado condenar a un policía que hubiera provocado una muerte con su arma de servicio.